"No solo no llegaremos a impedir el referéndum, sino que será todo lo contrario: facilitaremos su participación". Quien así habla es el consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, descartando que los Mossos d'Esquadra eviten la celebración de la consulta unilateral de independencia del próximo 1 de octubre

Forn aceptó este lunes la dimisión "por motivos políticos" del hasta entonces director de los Mossos, Albert Batlle, vinculado al PSC, y un día después anunció el nombre de su sustituto: Pere Soler, un antiguo edil de la extinta CiU de posiciones tan inequívocamente independentistas como el nuevo titular de Interior.

En una entrevista publicada este domingo en "El Punt Avui", Forn sostiene que la Policía autonómica tiene que respetar la legalidad catalana, "que emana del Parlament de Cataluña"; y aunque juzga probable que la jornada del 1-O ponga en situaciones complicadas al cuerpo, no las estudiarán hasta que se produzcan.

Forn también rechaza que el Gobierno pueda tomar a su cargo la Policía catalana porque el procedimiento para llevarlo a cabo es muy complicado: "La gente especula sobre la suspensión de los Mossos, la suspensión de la autonomía, el Estado de excepción, con que si Millo, el delegado del Gobierno, puede convocar elecciones... pero no es tan fácil", argumenta el Consejero.

Forn aprovecha también para arremeter contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hasta el momento ha evitado pedir a sus seguidores que voten el 1 de octubre, una cita que la regidora asume como "movilización", pero no como consulta "con garantías".

El Consejero, que hasta su nombramiento era el portavoz del grupo del PDeCAT en el Consistorio barcelonés, no oculta su decepción por la actitud de Colau. "Venderlo (el 1-O) como si fuera una movilización o una performance me parece totalmente fuera de lugar. Es la manera que tiene siempre de escabullirse de los compromisos", criticó.

Entre tanto, siguen las reacciones a la decisión del Gobierno de someter a control semanal los gastos de las consejerías catalanas para impedir que se desvíen fondos a los preparativos de la consulta ilegal, en cuyo caso Hacienda suspenderá las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El portavoz del Govern, Jordi Turull, afirmó que, "desgraciadamente la Generalitat hace meses que está intervenida financieramente" y destacó que si el Gobierno de Mariano Rajoy piensa que con estas medidas detendrá la consulta, se equivoca.

Turull recomendó al Ejecutivo del PP que si busca a los responsables de cualquier decisión sobre el 1-O tome "una foto del Govern de la Generalitat", donde todos los consejeros actúan "de manera conjunta y solidaria".

Pero el vicesecretario general del PP Javier Maroto acusó al president Puigdemont de llevar a la comunidad autónoma "a un callejón sin salida al tratar de forzar a los funcionarios a que cometan una ilegalidad y desatiendan sus obligaciones".