El director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, renunció ayer al cargo por "motivos políticos", víctima de las presiones del sector más radical del independentismo catalán, que había puesto en cuestión su "fidelidad" al proceso soberanista. La continuidad de Batlle peligraba desde el pasado viernes, cuando Joaquim Forn sustituyó a Jordi Jané en la Consejería de Interior, uno de los cambios realizados por Carles Puigdemont en el Govern para encarar la recta final hacia la consulta del 1-O con un equipo independentista sin fisuras.

Batlle, ligado al PSC, partido del que fue concejal en Barcelona, y secretario de Servicios Penitenciarios durante la época del tripartito, se despidió de su puesto remitiendo una carta a los agentes del cuerpo en la que se declara convencido de que los Mossos, "en los actuales momentos de la vida del país", seguirán "perseverando" en su "misión de defensa de la seguridad y del bienestar" de los ciudadanos. Y lo harán, "como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley". Su sustituto será Pere Soler, que también dirigió los servicios penitenciarios de la Generalitat (en su caso, entre 2013 y 2016) y fue edil de CiU en Tarrasa.

Los sindicatos reaccionaron con inquietud. Valentín Anadón, de Fepol, reconoció la "preocupación" y la "incertidumbre" que genera en el cuerpo la renuncia forzada de Batlle: "El papel de los Mossos está claro: garantizar la cohesión y la seguridad jurídica". De igual opinión fue Toni Castejón, del SME, para quien las renuncias de Jané y Batlle producen "inestabilidad" e "inseguridad". El portavoz del SPC, David Miquel, recordó que los Mossos deben "cumplir la ley".

Por parte del Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró "seguro" de que el cuerpo defenderá "el interés general y los derechos de los ciudadanos". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue más contundente: "Cuando la gente moderada, que ponía realismo político, se tiene que ir de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras pueden hacer dos cosas: o asumir su fracaso ahora o asumirlo el 1 de octubre".

En una argumentación complementaria, el "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, razonó: "Esto tiene consecuencias de orden penal y me imagino que alguien que dirige los Mossos, que además se integran en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no quiere asumir responsabilidades que en este caso serían agravadas".