La consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, vinculó ayer con la celebración de elecciones autonómicas, y no con la consulta soberanista que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre, la adquisición de urnas por cuya licitación ha recibido una querella de la Fiscalía ya admitida a trámite por el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC).

Borràs se defendió alegando que es el fiscal quien sostiene que las urnas son para el plebiscito. "Tenemos competencias para poder tener urnas porque es nuestra competencia celebrar elecciones para el Parlament de Cataluña", explicó, recalcando que "igual que Andalucía en su día optó por comprar urnas, pues del mismo derecho dispone Cataluña".

Las declaraciones de Borràs contrastan con las afirmaciones que hizo el pasado día 13 la diputada de la CUP Mireia Boya. "¡Bravo! Es evidente que las urnas son para el referéndum", ironizó, agregando: "Nos sorprende que no lo haya visto antes, ahora os habéis enterado". Y para que no quedara la más mínima duda, sentenció: "Lo que inquietaría es que fueran para unas elecciones autonómicas".

La mayoría del Congreso, gracias a la posición común del PP, PSOE y C's, mostró ayer su rechazo a la celebración de una consulta el 1-O y arremetió contra la Generalitat por cursar invitaciones al diálogo que no son tales y solo buscan la "fractura". Fue en el debate de una moción en favor del plebiscito presentada por el PDeCAT que se votará en la jornada de hoy.

Por otro lado, el Gobierno de Carles Puigdemont se abrió ayer a pactar con el Ministerio del Interior una fecha para celebrar la junta de seguridad que el martes convocó unilateralmente para el 3 de julio. El ministro Zoido envió una carta al consejero Jané para buscar un acuerdo.