Los funcionarios son la última línea de defensa ante la consulta catalana. El Gobierno de Rajoy confía en que el respeto a la legalidad de los empleados públicos frustre el referéndum soberanista si llegara a convocarse. El pulso entre el Ejecutivo y el independentismo entra en sus días más críticos con el posible anuncio por parte del presidente Puigdemont de la fecha del llamamiento a las urnas y de la pregunta de la consulta, lo que supondría entrar en un proceso sin marcha atrás.
El Gobierno del PP tiene confianza en que, pese a las presiones a las que puedan verse sometidos, los funcionarios catalanes no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto al que accedieron por oposición. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, manifestaba días atrás su convicción de que el funcionariado cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional". Su trabajo resulta indispensable en la maquinaria del referéndum por lo que, de no secundar las directrices de sus superiores políticos, su negativa a participar en el operativo dificultaría el desarrollo de la consulta.
La obligación de los funcionarios de ajustarse a la ley será uno de los argumentos principales del Gobierno a medida que se acorta el plazo para su posible convocatoria, según apuntaba ayer Europa Press. Los empleados públicos que infrinjan ese "esencial deber de lealtad" a la Carta Magna pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. Desde instancias gubernamentales se insistirá en los próximos días en el deber de lealtad a la Constitución que tienen todos los funcionarios, con la advertencia de que la obediencia debida a los superiores jerárquicos no se puede alegar como motivo de exención de responsabilidad. Estos avisos intentan contrarrestar las presiones que, según el PP, se están ejerciendo sobre algunos funcionarios catalanes. La prueba más evidente serían las manifestaciones del diputado de Junts pel Sí (JxSí) Lluis Llach en las que instaba a sancionar a los empleados públicos que incumplan la llamada Ley deTransitoriedad catalana, la puerta a la consulta soberanista.
El funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución debe exigir a su superior jerárquico que le sea entregada por escrito, según las recomendaciones que el Gobierno difundirá en los próximos días. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abordó las pautas de este protocolo en una reunión reciente con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra. La pauta a seguir que el sindicato recomienda es que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, el funcionario solicite que le sea trasladada por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. Si el superior jerárquico persiste en el requerimiento de la orden, el protocolo sindical recomienda al empleado público que deje constancia de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.
El presidente de los populares catalanes, Xavier García Albiol, considera que el presidente Puigdemont "cometería un grave error si pone fecha y pregunta" a la consulta, porque no dejaría "margen para intentar resolver de una forma consensuada" la situación política de Cataluña.
