El juzgado número 3 de Oviedo y la Fiscalía Anticorrupción estrechan el cerco sobre el histórico dirigente del sindicalismo minero José Ángel Fernández Villa y su entorno para determinar el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó durante la amnistía fiscal de 2012.
Más de dos años y medio después de iniciar la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto hoy en marcha la Operación Hulla, que ha incluido registros en Asturias, Madrid, Murcia y Valladolid y la citación como investigado de Fernández Villa y de varios de sus familiares.
Además, se han llevado a cabo cuatro detenciones entre las que figura la de uno de los hombres de confianza de Fernández Villa a lo largo de sus 35 años al frente del sindicato minero del SOMA-UGT, José Antonio Postigo, detenido en Murcia, y que hasta 2014 presidió el Montepío de la Minería Asturiana.
En la operación para construir el geriátrico "La Minería" en la localidad de Felechosa (Aller) por la mutualidad, que supuso una inversión de 31 millones de euros con cargo a los fondos mineros, se centran las sospechas sobre el origen de los fondos que Fernández Villa y Postigo -360.000 euros- regularizaron en la amnistía fiscal lo que determinó su expulsión del sindicato y del PSOE.
La adjudicación del proyecto a la empresa Alcedo de los Caballeros se llevó a cabo durante el mandato de Postigo y, según sus sucesores, se llevó a cabo de forma legal, pero en su fórmula de tramitación se apreciaba "una cierta intencionalidad".
Así, según los actual responsables del Montepío, se elaboró "un baremo a la carta" que posibilitó que las obras se adjudicaran a la compañía que presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaban y que daba carácter "prioritario" al desarrollo del centro de hidroterapia no incluido inicialmente en el proyecto.
Además, hasta 2009 los proyectos a ejecutar con cargo a fondos mineros sólo los hacían administraciones públicas, pero ese año se cambió la normativa de forma que pudieran llevarlas a cabo instituciones sin ánimo de lucro como era el caso del Montepío.
Tanto el constructor al que se le adjudicaron las obras como su arquitecto figuran en la relación de detenidos hoy a los que se añade un ex asesor fiscal del Montepío, despedido tras desvelarse que acompañó tanto a Villa como a Postigo a la entidad bancaria en la que regularizaron sus fondos en la amnistía fiscal de 2012.Des
Desvío y apropiación de fondos públicos
La operación investiga el desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos -procedentes de una subvención concedida en 2009- y privados de la propia mutualidad entre los años 2005 y 2014 y se se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales por parte de Villa.
Las diligencias abiertas desembocaron en una querella y en que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoara en abril diligencias penales por presuntos delitos de blanqueo de capitales -vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil-, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la hacienda pública.
Tras varias horas de registro en el domicilio del ex líder sindical en Oviedo, los agentes de la UCO abandonaron la vivienda con diversas bolsas y cajas y poco después dejó el inmueble la abogada Ana García Boto, que ha defendido a Fernández Villa en la causa abierta tras la demanda presentada contra él por el SOMA-FITAG-UGT por un presunto delito de apropiación indebida.
"Indignada" con el "acoso periodístico" al que, a su juicio, se está viendo sometido su cliente -"todo lo que habéis hecho en el juicio anterior es joderme", ha señalado-, la letrada ha recordado que la Operación Hulla está sometida a secreto sumarial.
"Las actuaciones son secretas y cualquier persona que diga algo de este asunto comete un delito", ha señalado García Boto tras advertir de que "los periodistas no pueden hacer juicios" y que esa labor corresponde "a fiscales, jueces y magistrados" antes de emplazar a los periodistas a dirigirse "a quien está filtrando".
Fuentes de la investigación han señalado también que en Valladolid la intervención de la UCO se ha centrado en el registro de dos chalés anexos que Postigo y el constructor que ejecutó las obras de la Residencia "La Minería" tienen en una urbanización situada a unos diez kilómetros de la localidad de Mayorga.
A última hora de la tarde fuentes de la Guardia Civil han informado del traslado al acuartelamiento de Rubín en la capital asturiana de uno de los tres detenidos en Asturias y se está a la espera de que en las próximas horas lo sean los otros dos.
