La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ratifica en sus sospechas sobre la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en un segundo informe, con fecha del pasado 27 de marzo, casi un mes después del conocido el martes, en el que ya pedía investigar a la política del PP por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
En el segundo informe, la UCO sostiene que Cifuentes tuvo que ser partícipe "directa" y conocedora de que las adjudicaciones del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, en 2009 y 2011, se habían hecho de forma irregular.
Cifuentes era entonces vicepresidenta de la Asamblea y presidenta de la mesa de contratación de la Cámara.
Tres imputados que tomaron parte en esas adjudicaciones situaron a Cifuentes en dos reuniones para valorar las distintas ofertas presentadas, participando como presidenta de la mesa de contratación y, a la vez, como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, lo que la UCO cree incompatible.
La Guardia Civil relaciona estas adjudicaciones a Fernández con donaciones del empresario a la fundación Fundescam, ligada al PP. Pero el juez Eloy Velasco no imputó a Cifuentes por no ver relación con lo expuesto por la UCO y la financiación ilegal del PP.
Cifuentes fue objeto ayer de las críticas de todos los partidos, salvo el suyo, por poner en duda el trabajo de la UCO.
