El expresidente de la Comunidad de Madrid y otros implicados en la "operación Lezo" por desvío de fondos del Canal de Isabel II fueron advertidos de que estaban sometidos a escuchas telefónicas. Sus estrategias para eludir las operaciones policiales hizo que los investigadores terminaran por instalar un micrófono en el despacho de González, donde el expresidente consideraba que podía hablar con tranquilidad. El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, reconoció ayer la colocación del sistema de escuchas, aunque negó que se debieran a las filtraciones que pusieron en alerta a González y a su entorno.

Ignacio González, quien comparte celda con su hermano Pablo en la prisión de Soto del Real, intentó recurrir a sus relaciones personales a medida que se estrechaba el cerco de la investigación. Tras una llama a Juan Ignacio Zoido para felicitarlo por su nombramiento como ministro del Interior intentó, infructuosamente, concertar una cita con él. Zoido salió en defensa, ayer en el Senado, de su segundo el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y negó que la entrevista que mantuvo con Pablo González guardara relación alguna con la investigación que lo llevó a la cárcel. El encuentro, celebrado el 8 de marzo pasado, entre Nieto y el entonces directivo de Mercasa se celebró "con luz y taquígrafos" para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas, según Zoido.

En un nuevo avance de la investigación del desvío de fondos de la empresa de aguas de Madrid, el juez Eloy Velasco dictó ayer prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, gerente del Canal hasta 2009. El juez le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de investigados. Velasco relaciona a De Miguel con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, por ser el encargado de firmar los pliegos de adjudicación a "la oferta más cara".

También ayer, el juez decidió archivar la causa por presuntas coacciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, contra el presidente de la editora del diario "La Razón", Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda.

El abogado de Ignacio González recurrirá su ingreso en prisión, algo que considera una "medida extrema" al no existir condena ni presunción de culpabilidad. Ignacio González se encuentra en prisión incondicional comunicada, mientras que su hermano Pablo puede dejar la cárcel previo pago de una fianza de cuatro millones de euros. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, salió de Soto del Real tras abonar una fianza de 100.000 euros.

La renuncia de Esperanza Aguirre a seguir como concejala de Madrid por el encarcelamiento de González abrió ayer una pugna entre su número dos, Íñigo Henríquez de Luna, y el hasta ahora tercero, José Luis Martínez Almeida, por su sucesión.