El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, se opuso al registro de la vivienda del expresidente de Madrid Ignacio González y a cualquier otro rastreo relacionado con Inassa, la filial del Canal de Isabel II en América Latina y núcleo de las presunta actividad delictiva con la que se relaciona al sucesor de Esperanza Aguirre. La oposición exige aclarar si, como apuntan algunas informaciones, un miembro del Gobierno alertó a González de que estaba sometido a escuchas telefónicas.

La víspera de la Operación Lezo -en la que junto a González fueron detenidas, el miércoles pasado, otras once personas por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II y la posible financiación ilegal del PP madrileño- la Junta de fiscales Anticorrupción hubo de resolver las discrepancias entre el fiscal jefe y los dos fiscales encargados, Carmen García y Carlos Yáñez, después de que Moix les ordenara dejar al margen de todo el operativo los registros relacionados con la compra de sociedades por parte de Inassa, filial colombiana del Canal que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos y en torno a la cual gira gran parte del caso. La Junta se puso de parte de García y Yáñez, quienes vieron su posición reforzada por un respaldo casi unánime solo roto por dos votos en contra, uno el del propio Moix, y una abstención. Durante la reunión, el fiscal Anticorrupción recibió información detallada sobre el alcance de la trama que la Operación Lezo trata de dejar al descubierto. Los fiscales le mostraron las transcripciones de conversaciones telefónicas entre el exministro del PP Eduardo Zaplana e Ignacio González en las que el expresidente madrileño asegura, tres meses antes del nombramiento de Moix para el cargo, que él le propuso para dirigir la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía General del Estado negó ayer que Moix "haya intentado obstaculizar la investigación" aunque admite "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" en el seno de la Fiscalía Anticorrupción.

La oposición exigirá al Gobierno que aclare las informaciones sobre la posibilidad de que alguien del Ejecutivo alertara a González de que estaba siendo investigado. Ciudadanos pedirá la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El PSOE anticipa que tarde o temprano se sabrá quién alertó al expresidente madrileño y "ese día esa persona tendrá que cesar inmediatamente, sea ministro o secretario de Estado".