Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue detenido ayer junto a otras once personas por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II, empresa pública que presidió entre 2002 y 2013. Entre los detenidos figuran también un hermano y un cuñado de González, lo que apuntaría a una posible trama familiar como beneficiaria algunas de las operaciones realizadas a través de la empresa de aguas. La investigación judicial se centra en los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se levantó ayer a las cinco de la mañana para afrontar una larga jornada cargada con una treintena de registros y numerosos interrogatorios relacionados con la, según su propio calificativo, "complicada" operación Lezo. Entre las interrogadas figura la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a quien al mediodía Velasco entregó un cuestionario, al que podrá responder por escrito, relacionado con las sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior que la jefa del Ejecutivo de Madrid notificó en julio del año pasado a la Fiscalía. Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero fue en el verano de 2016 cuando se judicializó el caso. El número dos de Cifuentes, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, también fue interrogado ayer por el juez Velasco.
La detención de Ignacio González, a quien ayer mismo el PP suspendió de militancia, se produjo a las nueve de la mañana en su casa de Aravaca, domicilio que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante diez horas. La búsqueda con perros se orientó, según fuentes de la investigación, a localizar lugares de la vivienda en los que pudieran guardarse billetes. La UCO registró después la oficina del expresidente madrileño, quien, a última hora, estaba previsto que pasara la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en Tres Cantos.
Entre las treintena de registros en domicilios y empresas, algunos de ellos en Valencia, los agentes de la Guardia Civil allanaron Urbaser y Auditel, además de en las propias oficinas centrales del Canal en la calle Santa Engracia. También fue registrada la sede de Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, esposa de González, y el domicilio social de la empresa pública Mercasa, de cuya dirección forma parte Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y otro de los detenidos en la operación, al igual que María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal.
La investigación se centra en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y también en otras iniciativas sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid. En una de esas operaciones, la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II, intervino como promotor José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González y también detenido. Las obras y la explotación del campo de golf fueron adjudicadas, con Ignacio González al frente del ente público de aguas, a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar.
El otro flanco de la operación son las actividades del Canal de Isabel II en Sudamérica. Ángel Garrido, actual presidente de la empresa pública anunció en julio del año pasado, poco después de comunicar a la Fiscalía los indicios de operaciones sospechosas, el cierre de diez empresas iberoamericanas por su "poca actividad" o por desempeñar trabajos que "no se corresponden con las propias del canal". Una de esas empresas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, comprada en 2013. Según una denuncia presentada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, la citada compañía fue adquirida por 21,4 millones de euros. Un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y transcurrido una año se había reducido a 5,3 millones.
Cifuentes destituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos al aparecer su nombre en los "papeles de Panamá". Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000, editora del diario "La Razón", es otro de los detenidos. El juez Velasco tiene previsto interrogar hoy en calidad de investigados al presidente de la empresa editora, Mauricio Casals, y al director del periódico, Francisco Marhuenda, por presuntas coacciones a la presidenta madrileña.
