La "vía escocesa" que el Gobierno de Cataluña reclamó ayer para ejercer el "derecho a decidir" -el referéndum consensuado o autorizado por el Gobierno- no ha movido un ápice la posición del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, por su parte, insistió en el argumento de que el plebiscito que demanda la Generalitat violenta la Constitución y no se celebrará en ningún caso.
La petición hecha por el presidenta catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, en un artículo conjunto en el diario "El País" no aporta ninguna novedad al proceso soberanista ni al enfrentamiento entre ambas administraciones.
Puigdemont y Junqueras simplemente aprovechan el contexto informativo y lanzan su propuesta coincidiendo con la moción que hoy presentará la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, en el Parlamento de Holyrood para acordar con Londres los términos de una segunda consulta soberanista.
Con todo, insisten en que el fracaso de la negociación para un referéndum acordado no les hará renunciar a "ejercer ese derecho" si se mantiene el "rechazo frontal" del Gobierno.
Y ese fracaso está garantizado, según adelantaron fuentes de la Moncloa consultadas por "Efe". A diferencia del caso de la consulta escocesa, en España "ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar sobre lo que no les pertenece", puesto que "la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles".
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, lo formuló en términos algo más hirientes: pidiendo a Puigdemont y a Junqueras que elijan entre el papel de "pirómano" y el de "bombero". Aparte les afeó su "trampa", porque abogan por la negociación y, al tiempo, dan "un ultimátum" sobre la convocatoria de un "referéndum ilegal".
Al otro lado del frente, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, adelantó que el Govern trabajará "desde la máxima discreción" para que los catalanes "puedan votar en un referéndum de autodeterminación: "Haremos todo lo que esté en nuestras manos, actuaremos con astucia".
El portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, exigió a Puigdemont que convoque elecciones, en lugar de "repetir un 9-N", y amenazó con pedir amparo al Tribunal Constitucional, algo que planean hacer también el PSC y el PPC, para que actué contra los Presupuestos que está previsto aprobar mañana por contener referencias a la celebración de un referéndum "ilegal".
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, criticó, por su parte, que la Generalitat pida un acuerdo para un referéndum, pero al mismo tiempo "empiece por incumplir la ley, desobedecer al Tribunal Constitucional" y plantear un ultimátum.
