El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dejado pasadas las dos de la tarde el Palacio de Justicia de Murcia tras declarar durante cuatro horas ante el magistrado instructor del caso Auditorio de presunta corrupción urbanística.

El presidente, que llegó a la sede judicial a las nueve de la mañana, ha dado después una rueda de prensa en el hotel anexo al Palacio de Justicia para informar del transcurso de su declaración.

Sánchez está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad por la adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en los años en que era alcalde de la población.

La toma de declaración, que tiene lugar en la sala del jurado del Palacio de Justicia, se inició con el interrogatorio del Ministerio Fiscal a cargo del recién nombrado fiscal superior y del fiscal especialista en delitos de corrupción.

Los dos representantes del ministerio público están desarrollando en turnos alternativos un detallado interrogatorio al presidente, que era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras los años en que se proyectó, adjudicó y construyó el auditorio municipal.

Según fuentes cercanas al caso, en el que se han personado como acusación particular los partidos Podemos y Psoe de Puerto Lumbreras, el presidente ha contestado que no conocía al arquitecto director de la obra, Martín Lejárraga, y que él era el impulsor político del proyecto, pero no llevaba la parte técnica.

Al parecer, Pedro Antonio Sánchez ha explicado que él no manejaba la información sobre el proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban pasando los técnicos municipales.

Además, ha reiterado que los seis millones de euros que aportó la Comunidad Autónoma en forma de subvención están invertidos en la obra.

Otras fuentes consultadas por EFE destacan que el presidente no ha eludido ninguna pregunta del Ministerio Público y que solo se ha remitido a los técnicos cuando le han requerido información "muy concreta" sobre el proyecto constructivo.

Pedro Antonio Sánchez llegó a las nueve de la mañana al Palacio de Justicia de Murcia junto a su abogado, Francisco Martínez-Escribano, y desde su gabinete se ha convocado a una rueda de prensa en el hotel anexo a la sede judicial una vez que concluya la declaración.

Antecedentes

El presidente regional está acusado de cuatro delitos. La jueza de Lorca que inició la instrucción del caso, Consuelo Andreo, vio indicios para investigarle por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público, tipificados, en mayor o menor grado, con penas de prisión y de inhabilitación en el Código Penal.

La supuesta comisión de estas infracciones se habría producido durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, localidad en la que Pedro Antonio Sánchez fue alcalde entre 2003 y 2013. Era uno de los proyectos estrella de la corporación liderada por el actual presidente, para el que la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma concedió una subvención pública de seis millones de euros. Fue encargado al arquitecto Martín Lejárraga, pero con la llegada de la crisis económica, la obra encontró complicaciones.

La Fiscalía de la Comunidad, en tiempos de Manuel López Bernal y en base a una denuncia del PSOE lumbrerense, interpuso en marzo de 2015 una querella, dirigida contra Sánchez y otras veinte personas, al considerar que la obra del auditorio se había recepcionado sin que el edificio estuviera concluido (asegura que se encuentra terminado a poco más del 60%) y listo para el disfrute de los ciudadanos de Puerto Lumbreras. También observó irregularidades en la adjudicación y en algunas modificaciones que se realizaron en el proyecto inicial.

La única opción que puede despejar el horizonte para Pedro Antonio Sánchez es que, tras su declaración, las acusaciones se desinflen y el magistrado instructor Pérez-Templado (que ya terminó decretando el sobreseimiento de dos procedimientos anteriores contra el actual jefe del Ejecutivo) archive la causa. Esta es una posibilidad que prácticamente la totalidad de juristas consultados consideran poco probable.

La situación política de Pedro Antonio Sánchez es, por lo tanto, complicada. Ciudadanos le ha retirado su apoyo al entender que no ha cumplido su palabra de apartarse si era investigado (imputado antes del cambio de denominación que se hizo por ley), y dicen ahora que ni siquiera un archivo rápido puede hacerles dar marcha atrás.