La investigación del caso Auditorio toma el nombre del edificio municipal que empezó a construirse en Puerto Lumbreras cuando el ahora presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, era alcalde de la localidad.
El edificio quedó a falta de más de un tercio para su conclusión tras invertirse en él seis millones de euros de subvención del Gobierno regional.
Por su gestión al frente del Ayuntamiento, Pedro Antonio Sánchez está acusado de cuatro delitos. La jueza de Lorca que inició la instrucción del caso, Consuelo Andreo, vio indicios para investigarle por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público, tipificados, en mayor o menor grado, con penas de prisión y de inhabilitación en el Código Penal.
La supuesta comisión de estas infracciones se habría producido durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, localidad en la que Sánchez fue alcalde entre 2003 y 2013. Era uno de los proyectos estrella de la corporación liderada por el actual presidente, para el que la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma concedió una subvención pública de seis millones de euros. Fue encargado al arquitecto Martín Lejárraga, pero con la llegada de la crisis económica, la obra encontró complicaciones.
La Fiscalía de la Comunidad, en tiempos de Manuel López Bernal y en base a una denuncia del PSOE lumbrerense, interpuso en marzo de 2015 una querella, dirigida contra Sánchez y otras veinte personas, al considerar que la obra del auditorio se había recepcionado sin que el edificio estuviera concluido (asegura que se encuentra terminado a poco más del 60%) y listo para el disfrute de los ciudadanos de Puerto Lumbreras. También observó irregularidades en la adjudicación y en algunas modificaciones que se realizaron en el proyecto inicial.
El TSJ de Murcia computa 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de la obra entre 2006 y 2010 y sostiene, entre otras muchas irregularidades, que hay gastos e IVA duplicados en la obra certificada.
Hasta el momento, Pedro Antonio Sánchez no ha tenido ocasión de explicar en sede judicial su versión de lo que ocurrió con la obra del teatro auditorio. El motivo fue que el TSJ de Murcia derivó a los juzgados de Lorca la querella inicial de la Fiscalía y, al tener el presidente de la Comunidad la doble condición de aforado (por ser diputado regional y por ser miembro del Consejo de Gobierno), no podía ser investigado por los tribunales ordinarios. Él defiende que intentó en dos ocasiones comparecer ante el fiscal jefe de entonces para darle su versión, antes de que este presentara la querella, sin que el representante del Ministerio Público accediera.
La única opción que puede despejar el horizonte para Pedro Antonio Sánchez es que, tras su declaración, las acusaciones se desinflen y el magistrado instructor Pérez-Templado (que ya terminó decretando el sobreseimiento de dos procedimientos anteriores contra el actual jefe del Ejecutivo) archive la causa. Esta es una posibilidad que prácticamente la totalidad de juristas consultados por esta Redacción consideran poco probable.
Un "error administrativo"
La defensa del presidente de Murcia -que ejerce el decano del colegio murciano de abogados, Francisco Martínez-Escribano- se centrará en que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar al origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción del auditorio.
Según la defensa del presidente, lo que hubo a lo sumo fue un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica.
Como todos los delitos de los que se acusa a Sánchez están calificados expresamente como corrupción en la ley autonómica de Transparencia -salvo el de falsedad en documento oficial-, Ciudadanos ha roto el pacto de Gobierno que permitió la investidura de Sánchez, en el que figuraba el compromiso de dimitir si era imputado. Ciudadanos abrirá negociaciones con el PSOE este miércoles.
