La Defensora del Pueblo considera que la Ley de Seguridad Ciudadana incluye sanciones desproporcionadas y colisiona con el ejercicio de derecho básicos cuya "limitación debe ser la mínima indispensable". La titular de la institución, Soledad Becerril, deja constancia de ello en su informe anual, en el que recoge las quejas por actuaciones policiales contra periodistas durante el desempeño de su tarea profesional y contra algunos manifestantes. "El ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción", advierte la Defensora del Pueblo. Además, "la limitación de los derechos fundamentales debe ser la mínima indispensable y, por ello, está sometida al principio de proporcionalidad, al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de los mismos, lo que exige que las resoluciones que apliquen los referidos límites tengan una motivación suficiente para poder controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada", señala la institución encargad de investigar y dar respuesta a las quejas ciudadanas. Su memoria anual, entregada ayer en el Congreso, refleja un descenso de las reclamaciones del 7,5 por ciento, unas 16.485 en total. Las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales hechas a las administraciones aumentó un 17,8%. Entre ellas destaca el llamamiento al Gobierno para agilizar el voto por correo desde el extranjero y a facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones.
