"Lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchamos contra la corrupción por delante de los corruptos". José Manuel López Bernal, recién sustituido como fiscal superior de Murcia denunciaba ayer en estos términos en una entrevista radiofónica las presiones a que se encuentran sometidos quienes desarrollan labores anticorrupción en el ministerio público. Para López Bernal, "la situación es grave. Esto tiene que cambiar" porque, de lo contrario, "en pocos años nos podemos encontrar con que nadie quiera luchar contra la corrupción".

El fiscal considera que quienes se dedican a investigaciones comprometidas sufren "cierta desprotección" y relata los asaltos sufridos por algunos de sus compañeros, la divulgación de informaciones infamantes y las denuncias sin fundamento, presiones todas ellas con las que "no se nos ha hecho la vida especialmente agradable". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el fiscal murciano "debería" haber comunicado a la Fiscalía General del Estado las presiones que ahora denuncia para "ser tutelado en sus derechos".

López Bernal desvincula su relevo, acordado por el fiscal general del Estado, de la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que amenaza su continuidad el frente del Ejecutivo regional. José Luis Díaz Manzanera, hasta ahora fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, designado para sustituir a López Bernal al frente del ministerio público en Murcia, considera que su antecesor podría seguir con la causa de Sánchez. Se trata del denominado "caso Auditorio", que investiga los presuntos delitos de "prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos" en relación con el Auditorio de Puerto Lumbreras, en la época en la que el presidente regional era alcalde del municipio.

La sustitución del fiscal en pleno proceso provocó ayer las críticas de la oposición. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, anticipa que sus grupo pedirá la dimisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, si "no justifica suficientemente bien" el relevo de 30 fiscales de toda España, proceso que califica como "purga masiva". "Es evidente que se está pidiendo el cese de fiscales que han sido el látigo de la corrupción, y cuyo trabajo ha sido excelente", añadió. En cambio, la vicesecretaria de Programas del Partido Popular, Andrea Levy, rechaza que haya intencionalidad política en esos cambios y los enmarca en el proceso normal de organización del ministerio público.