Ciudadanos redobló ayer la presión sobre el PP para que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimita tras su imputación en el "caso Auditorio". Albert Rivera exige a los populares que presenten un candidato alternativo si quieren conservar el Gobierno de la comunidad, pero no se plantea apoyar, al menos por ahora, la moción de censura que quieren impulsar ya los socialistas de la región.
Coincidiendo con esta presión de C's -que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tachó de "vueltas de tuerca"-, el partido naranja consiguió el respaldo de la Cámara baja para iniciar la tramitación de una proposición de ley integral contra la corrupción.
Rivera recordó al PP que el pacto que ambos partidos tienen suscrito en Murcia obliga a renunciar a los cargos públicos en cuanto sean "imputados" -como es ya el caso de Sánchez-, sin esperar a que se les abra juicio oral, lectura, esta última, que hacen la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Y es que el pacto integral contra la corrupción con el que ayer sacó pecho C's propone, precisamente, la renuncia al cargo en el momento en que al político imputado se le procesa, no cuando adquiere la condición de investigado. Fuentes del partido de Rivera quisieron orillar la contradicción argumentando que su proyecto significa ir hacia "una mayor exigencia", lo que quita para que haya que cumplir lo pactado anteriormente.
La legislación que promueve C's incluye la prohibición de los indultos por delitos de corrupción, la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito y la eliminación del plazo máximo para investigar.
Todos los grupos, salvo el PNV, se avinieron a que el Congreso tome en consideración la proposición de ley de C's, pero reprochándole, al mismo tiempo, su "afán de protagonismo" y que trate siempre de colgarse una "medalla", informa "Efe".
El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, pidió la dimisión de Sánchez y aseguró que en el pacto de investidura firmado por PP y C's consta que no habrá una persona imputada al frente de ninguna institución.
El propio Sánchez prometió que dimitiría si era imputado, pero ahora todo el debate gira en torno a qué se considera imputación, si adquirir la condición de investigado o tener cita fijada con el banquillo, lo que Catalá llama "imputación formal".
Por lo que aboga el acuerdo de investidura PP-C's, interpreta el portavoz del PP en el Congreso, es por la "separación inmediata de los cargos" de quienes hayan sido "imputados formalmente" o "encausados en delitos de corrupción", entendiendo que ese delito de corrupción implica "enriquecimiento".
Y para el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, Sánchez no cometió ningún delito de corrupción, sino que pudo incurrir en una prevaricación administrativa. Y quiso precisar que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".
