La sentencia del "caso Nóos" solo permitirá al Gobierno balear recuperar la mitad de los 2,3 millones entregados al Instituto Nóos por el entonces presidente, Jaume Matas, para la organización de dos foros turísticos. El dictamen de las magistradas de la Audiencia de Palma sobre este punto queda muy lejos de la opinión que sostuvieron las acusaciones durante el proceso.

La sentencia limita la iniciativa que tuvo el Gobierno balear para exigirle a Urdangarín y a Torres que devolvieran el dinero público invertido en la celebración de los foros, que le entregó Jaume Matas, tras una decisión personal. Gracias a ello, Nóos nunca que tuvo que someterse a un concurso público ni se le exigió que justificara el destino del dinero.

Las jueces no cuestionan que las dos cumbres turístico-deportivas se pagaran con dinero público, puesto que las organizaban personas expertas y solventes. El tribunal rechaza que la comunidad hubiera sufrido un grave perjuicio con la financiación de estos encuentros de expertos; y ello a pesar de que se reconoce que se falsificaron trámites administrativos para revestir de legalidad la decisión personal de Matas.

Con este criterio, el tribunal concluye que de los 2,3 millones que recibió Nóos, el Gobierno sólo puede exigir la devolución de algo más de medio millón. Se trata de la última factura que presentó Nóos y que el director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester se negó a pagar porque el instituto no había cumplido con lo estipulado en el convenio.

Ante la negativa a pagar las facturas, tuvo que ser Urdangarín, que en ese momento ya estaba apartado de Nóos, el que llamara a Ballester para insistirle en que abonara la factura. Fue el propio president Matas quien dio la orden definitiva de que se abonara el último pago.

El tribunal entiende que sí hubo malversación, pero sólo en este último pago, por cuanto se decidió abonar esta factura a pesar de que se sabía que el instituto Nóos no había cumplido con todos los requisitos del convenio.

En cierta forma, el tribunal resta importancia al proceso administrativo de contratación del instituto Nóos, que se inició después de que Matas ordenara que se debía financiar los foros que encabezaba el marido de la Infanta. Las magistradas entienden que estos congresos turísticos tuvieron una utilidad y coinciden con la teoría que han mantenido tanto Torres como Urdangarín.

Por tanto, concluyen que los dos directivos de Nóos no están obligados a devolver el dinero, como exigían las acusaciones. Precisamente, la valoración que se hace sobre la utilidad de los foros es una de las principales cuestiones sobre las que el tribunal no coincide con el criterio que sostenían el fiscal Horrach y la abogacía de la comunidad autónoma. Ni tampoco con lo que pensaba el juez Castro.

Las acusaciones sostenían que al ser falsos los contratos que se firmaron para vestir la contratación, no tenía sentido alguno que se justificara la entrega de tanto dinero público, 2,3 millones, para financiar unos foros, cerrados al público, de escasa duración, que apenas tuvieron repercusión. Pero es que, además, las acusaciones denunciaban que el instituto Nóos había cruzado facturas entre las empresas de su conglomerado para justificar los gastos pagados con dinero público.

También denuncian que Nóos había cobrado al Gobierno balear gastos que se habían generado en los congresos de Valencia, por lo que las facturas presentadas era falsas. Sin embargo, el tribunal realiza una interpretación muy distinta. Aplaude que se puedan celebrar estos congresos y que se financien con dinero público. Y también afirma que no hay ninguna prueba que demuestre que Nóos pudo exagerar el presupuesto de los congresos para exigir estas cantidades al Gobierno de Jaume Matas.