El ministro de Justicia, Rafael Catalá, arremetió ayer contra las fiscales del "caso Púnica" y consideró que si hay algo "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las acusadoras se negaran a firmar el escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción ordena no investigar al político del Partido Popular y que, además, la discrepancia fuera filtrada a la prensa.

La decisión de no acusar a Sánchez la firmó la teniente fiscal Belén Suárez, de acuerdo con el criterio marcado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; pero las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, no suscriben esa opinión y alegan que Sánchez, consejero de Educación cuando se produjeron los hechos investigados, se benefició de un "plan criminal" para mejorar su imagen urdido con el conseguidor Alejandro de Pedro que, de no haber sido "descubierto", habría supuesto un perjuicio a las arcas públicas.

"Quienes tienen un problema son las fiscales cuyo criterio no ha sido soportado por sus jefes", dijo Catalá. Y añadió que su negativa a firmar "supongo que generará una actuación dentro de la Fiscalía". Esta última afirmación llevó a la Unión Progresista de Fiscales a acusar al ministro de "amenazar" a Cerdá y a Gálvez.

José Manuel Maza, por su parte, aseguró que no ha recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia y que estará "encantado" de dar explicaciones en el Congreso sobre el asunto. PSOE, Unidos Podemos, C's y Compromís solicitaron ayer su comparecencia urgente.

Entre tanto, Sánchez afirmó en el Parlamento de Murcia que dimitirá si es imputado. Catalá, sin embargo, no es de esa opinión. La renuncia, para el ministro, debería exigírsele cuando haya "imputación formal", es decir, apertura de juicio oral.