El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer, por unanimidad, la resolución aprobada por el Parlament el pasado octubre para convocar un referéndum soberanista el próximo mes de septiembre, e invitó a la Fiscalía a proceder contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por desobediencia.

En concreto, lo que el TC hace es aceptar el incidente de ejecución planteado por el Gobierno contra la resolución de la Cámara catalana del pasado 6 de octubre -que salió adelante con los votos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP- para convocar la consulta, la autorice el Estado o no.

La corte de garantías no llega a establecer si en esa decisión del Parlament hay delito, pero sobre la base de su "deducción de testimonio", el fiscal presentará en los próximos días una querella contra Forcadell y el resto de los miembros soberanistas de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, al juzgar que desobedecieron anteriores resoluciones suyas al permitir la votación.

Ésta será la segunda denuncia penal que curse el Constitucional contra Forcadell y la segunda vez que el fiscal se querellará contra ella. Anteriormente, la había acusado de desobediencia al TC y prevaricación por una actuación similar: permitir la votación, en julio de 2016, de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que fijaban una "hoja de ruta" para la ruptura con el Estado.

El TC advierte también al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consejeros que si al final convocan un referéndum incumpliendo su resolución, pueden incurrir de lleno en responsabilidades penales.

Para la el Gobierno catalán, la decisión del TC "no altera en nada" la "voluntad inequívoca" de organizar la consulta. La consejera de la Presidencia y portavoz, Neus Munté, defendió que la posición del Ejecutivo está "reforzada por una mayoría parlamentaria" y una "mayoría social".

Puigdemont dijo que las medidas acordadas por el TC "empequeñecen el debate democrático", mientras que Forcadell lamentó que "el único diálogo" que ofrecen a Cataluña es "con los tribunales".

El portavoz adjunto de JxS, Roger Torrent, aseguró que el "enésimo aviso" del TC no modifica sus planes hacia un referéndum: "No desfalleceremos, no pararemos y seguiremos".

Bastante más allá fue el diputado de la CUP Benet Salellas, quien advirtió que el referéndum se hará, "lo quiera o no el TC". Salellas, desafiante, exigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "saque sus manos corruptas y sus tribunales políticos de Cataluña".

En cambio, el portavoz adjunto de C's en el Parlament, Fernando de Páramo, celebró que los políticos "no tengan privilegios". Y la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, juzgó "lógica" la decisión del TC, ya que "había resoluciones que se salían del marco legal".

Catalunya Sí Que Es Pot reiteró que el TC "no es el espacio" para resolver el conflicto catalán y el PPC tachó a las fuerzas independentistas de "totalitarias".