Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", ingresaron ayer en el penal de Picasent al dictar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) orden de prisión incondicional por su condena a trece años de cárcel como cabecillas -doce en el caso de El Bigotes- de la red que amañaba los contratos de la Generalitat para el expositor de Fitur.
Tras una vistilla rápida, el TSJV consideró que hay riesgo de que los sentenciados por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad se fuguen y se sustraigan a la acción de la Justicia si se les permite esperar en libertad el pronunciamiento del Supremo tras revisar su caso. Dicho riesgo es mayor puesto que los tres tienen todavía causas pendientes. De hecho, Correa, Crespo y Pérez pedirán, previsiblemente, su traslado al centro madrileño de Soto del Real para seguir acudiendo al juicio por otra de las piezas de Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional.
Otros tres condenados en la misma causa, pero con penas inferiores, deberán comparecer periódicamente en el juzgado y no podrán viajar al extranjero.
La sala decidirá hoy las medidas a adoptar con los cinco condenados restantes, entre ellos la exconsellera de Turismo y expresidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años. La Fiscalía Anticorrupción pedirá el inmediato ingreso en prisión para todos aquellos sentenciados con penas superiores a los cinco años.
La Fiscalía Anticorrupción tiene intención, al igual que hizo ayer, de pedir el inmediato ingreso en prisión para todos aquellos que han sido condenados a penas superiores a los 5 años, si bien será decisión de la sala acceder a esta petición o imponer algunas otras medidas cautelares.
Púnica
En otro caso distinto, la Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de cárcel para el ex secretario general del Partido Popular de Madrid y "cerebro" de la trama Púnica, Francisco Granados, por el presunto delito de aprovechamiento de revelación de secretos. Según el ministerio público, dos agentes de la Guardia Civil habrían avisado a Granados de que la Unidad Central Operativa estaba vigilando a su amigo el empresario David Marjaliza. Así lo recoge el auto de apertura de juicio oral del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, contra Granados, quien se encuentra en prisión desde octubre de 2014.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mostró ayer su "perplejidad" por el auto del juez de la trama Púnica que le acusa de los presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información porque "nunca se firmó nada de nada" con las empresas investigadas. Sánchez sí reconoce que mantuvo contactos con un conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, pero "nunca, ni ahora ni nunca" de haber firmado contratos para que se realizaran trabajos de mejora de su reputación en internet en su etapa de consejero de Educación y Cultura, como apunta el juez.
