La Fiscalía mantuvo ayer su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y 9 para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al haber seguido adelante con los preparativos de la consulta del 9-N después de su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
En el trámite de conclusiones -el juicio quedará hoy visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-, el fiscal Emilio Sánchez Ulled elevó a definitiva su petición de condena, mientras las defensas pedían la absolución. De su lado, la acusación popular, que ejercen los sindicatos policiales SPP y UPF y Manos Limpias, reclama finalmente una condena de doce años de inhabilitación para los tres acusados, tras retirar la pena de seis años de cárcel que al principio pedía para ellos, ya que el TSJC ya descartó que los encausados incurrieran en un delito de malversación, que sí conlleva penas de prisión.
En el penúltimo día del juicio declararon ante el tribunal cinco voluntarios del 9-N que coincidieron en desvincular a la Generalitat de la organización de la votación. También ayer se expuso la única prueba pericial, un informe elaborado por la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación y sobre la web participa2014.cat que la Generalitat montó para organizar la consulta.
Por otra parte, el comisario José Manuel García Catalán, jefe accidental de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha aportado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un pendrive con información relativa a la investigación sobre la familia Pujol que un agente localizó hace unos días "ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho".
En octubre de 2016, la UDEF presentó al juez un informe contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, basado también en un "pendrive", cuya procedencia investiga ahora el magistrado en una pieza separada.
De hecho, el 6 de febrero, el día en que García Catalán le entregó el "pendrive", De la Mata acordó citar como testigos al ex "número dos" de la Policía Eugenio Pino y al comisario Marcelino Martín Blas para que ayuden a aclarar de dónde salió la información contenida en el informe. El juez citó a ambos mandos tras una denuncia por falsedad documental.
