Al día siguiente de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciase en Barcelona los primeros acercamientos a Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó constancia ayer de que el soberanismo mantiene sus tiempos. Puigdemont convocó para el 23 de diciembre la cumbre para iniciar los preparativos del referéndum soberanista, anunciado para septiembre del año próximo. Este llamamiento se dirige a todas las entidades que formaban parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que no se reúne desde 2015.
La convocatoria de la cumbre es una de las contrapartidas exigidas por la CUP para dar vía libre a la tramitación del presupuesto catalán para el próximo ejercicio. De hecho, la cumbre se celebrará un día después de que termine el pleno parlamentario en el que previsiblemente, el proyecto presupuestario del Ejecutivo, que destina 5.800 millones para la consulta soberanista, iniciará su recorrido con los votos de Junts pel Sí y de la CUP. En el último debate de política general, ambas formaciones acordaron celebrar antes de finalizar el año la cumbre para mover el consenso político y social sobre el referéndum, al que han puesto como fecha límite septiembre de 2017.
La última reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, coordinado por Joan Rigol, tuvo lugar en el auditorio del Parlamento catalán el 6 de marzo de 2015, cuatro meses después de la consulta soberanista del 9N de 2014 y medio año antes de la celebración de las elecciones del 27S, a las que JxSí quiso dar un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña. En ese encuentro, la unidad de los participantes, hasta entonces cohesionados en torno a la defensa del derecho a decidir, empezó a tambalearse. ICV, CCOO y otras entidades se desmarcaron de la idea de plantear las elecciones del 27S como un plebiscito sobre la independencia, mientras que la CUP declinó asistir a la cumbre.
Además de las fuerzas independentistas, a la reunión del 23 de diciembre están invitadas también las entidades económicas, sociales o culturales que participaban en las cumbres del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, además de los representantes de los "comunes", las confluencias de izquierda que integran a ICV, EUiA, Podemos y Barcelona en Comú, con la alcaldesa, Ada Colau, a la cabeza.
Frente a la activación de la agenda soberanista, el Gobierno mantiene su nueva disposición hacia los asuntos catalanes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoce que Cataluña es una prioridad para el Gobierno central, lo que se traducirá en que todos los miembros del Ejecutivo dedicarán "más tiempo y atención" a esa comunidad.
El modelo vasco
Los socialistas catalanes apuestan por el modelo del País Vasco para abrir una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y el Estado. El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, propone a Puigdemont a abandonar la unilateralidad y seguir la "vía vasca" del pacto entre PNV y PSE. Illa garantiza la disposición de su partido para contribuir a una nueva etapa de relaciones. "La vía vasca es muy interesante y de enorme trascendencia política para Cataluña y España", asegura. El acuerdo vasco incluye el compromiso de iniciar los trabajos para disponer en ocho meses de un borrador para renovar el estatuto de autonomía, "lo que supone aprovechar las poisbilidades de legalidad para cambiarla".
