El Gobierno descarta revertir las reformas que marcaron el período de mayoría absoluta del PP y Rajoy anuncia que no aceptará derogar esos grandes cambios legislativos "por culpa de posicionamientos ideológicos y otros afanes oportunistas".
La advertencia del presidente, quien ya en su investidura anticipó a la oposición su rotundo rechazo a revertir lo que fueron los ejes de su acción de gobierno, coincidió ayer con el afán de todos los grupos en atribuirse el mérito de acabar con los aspectos más controvertidos de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
También ayer el PSOE formalizó su iniciativa para derogar la reforma laboral, que se someterá a votación en el pleno del Congreso el 13 de diciembre, cinco días de la jornada en la que los sindicatos se movilizarán en la calle contra la legislación del PP. Los socialistas proponen en su iniciativa parlamentaria "abrir un proceso de diálogo social que, desde el acuerdo, culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales".
El presidente aprovechó la entrega de los III Premios de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) para defender el empeño reformista que caracterizó su anterior período de mandato y "no caer en la tentación de volver atrás ni deshacer los avances conseguidos". "Nadie en el mundo podría entender ni tampoco un Gobierno podría aceptar que se cortasen las raíces de nuestro éxito", manifestó reiterando su advertencia de que no aceptará revertir las reformas.
Modelo diferente
Rajoy anticipó que en próximas fechas el Ejecutivo llevará al Congreso decisiones económicas importantes que van a "marcar esta legislatura". Destaca entre ellas la determinación del techo de gasto de las administraciones públicas y los objetivos de reducción del déficit público. El presidente considera que sería "muy positivo" que los grupos parlamentarios respaldaran estas propuestas para garantizar la estabilidad y cumplir con las exigencias de Bruselas.
Los socialistas han dejado la puerta abierta a la posibilidad de aprobar el techo de gasto. Sin embargo, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, advierte de que no es un acuerdo que se deba por hecho y defendía ayer que, una vez que el Ejecutivo establece de manera unilateral esos límites presupuestarios, procede "abandonar ese sentido vertical del Estado por el cual la Administración General tutela o dirige al conjunto de las Administraciones". Hay que ir a "un modelo diferente" y que sea el Consejo de Política Fiscal el que aborde la discusión final, sostiene Jiménez, para quien el objetivo de déficit debe "distribuirse de una manera más razonable" entre las administraciones, para "blindar el Estado del bienestar" y "compensar el desastre de la gestión de la seguridad social" llevada a cabo el Gobierno del PP. "Es indispensable que quienes prestan los servicios básicos tengan más recursos", concluyó.
