Las circunstancias de la muerte de Rita Barberá, apartada del partido y dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo por un posible delito de blanqueo de capitales, han llevado al PP a replantearse los criterios para instar a alguien con responsabilidades políticas a renunciar cuando la justicia lo investiga. Ciudadanos fue tajante en su negativa a revisar las medidas anticorrupción que figuran en el pacto de investidura de Rajoy: "los imputados tienen que abandonar su cargo público".
Las divergencias en el seno del PP, sobre el modo en que el partido actuó en el caso de la exalcaldesa de Valencia, derivaron ayer en la búsqueda de una reconsideración de cómo encarar en el futuro situaciones similares. "Hay que hacer una profunda reflexión sobre todo lo que ha sucedido y sobre si vamos por el camino adecuado y correcto", proponía ayer el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. Atemperaba así lo términos de la víspera, cuando responsabilizó a los medios del "linchamiento" de Barberá", pero abría un frente político al apuntar que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de suscrito entre los populares y Ciudadanos, que obliga a apartar de sus cargos a los imputados por corrupción.
Hernando considera necesario "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que, aunque sea absuelta o su caso se archive, no puede retornar a la política.
El arranque del portavoz popular en el Congreso recibió pronto una contestación contundente de Ciudadanos. Su vicesecretario general, José María Villegas, exigió al PP que se ajuste de forma estricta al cumplimiento del acuerdo de investidura. "Hay un pacto firmado, nosotros hemos cumplido nuestra parte al votar sí a Rajoy y si el PP decide incumplir cualquiera de sus puntos, ya sea económico o en lucha contra la corrupción, se habrá roto el pacto", señaló Villegas, quien advirtió que "donde Ciudadanos es decisivo para formar Gobierno, los imputados tienen que abandonar su cargo público"
Las matizaciones de dos ministros vinieron a enmendar a Hernando y a rebajar la tensión entre el PP y el partido de Albert Rivera.
El de Justicia, Rafael Catalá, aseguró estar "muy conforme" con las 150 medidas del pacto de investidura, que "está en vigor y goza de muy buena salud". Más tarde, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, garantizó que el acuerdo con Ciudadanos está "para cumplirse". Sin embargo, ante el "hecho triste y doloroso" del fallecimiento de la senadora Barberá, sugirió abrir un período de reflexión porque "sería bueno que entre todos los partidos se tome una posición común".
Méndez de Vigo negó que en el ánimo del Ejecutivo esté renunciar a que los investigados por la justicia abandonen sus cargos públicos. Su sugerencia "no significa nada más que eso. Es lo que hacen las personas inteligentes: reflexionar ante los acontecimientos", para buscar una fórmula que conjugue la exigencias de responsabilidades políticas con la presunción de inocencia, "un debate que está en la sociedad". ´
El expresidente valenciano, Francisco Camps, reprochó que partido abandonase a Barberá. "El PP era su familia", afirmó.
