El tribunal que enjuicia la "primera época" del caso Gürtel rechazó ayer la petición de dos acusaciones de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en el juicio, alegando que ya lo hace como testigo un ex secretario general del partido, Javier Arenas.
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en línea con la Fiscalía, explicó que esa testifical ya la rechazó la sala el pasado febrero, pero que entonces se dejó abierta la posibilidad de que esta petición se reiterara a la vista del desarrollo del juicio. Hurtado destacó que el juicio aún no ha empezado y que por tanto las circunstancias son "iguales" ahora que en febrero.
La cuarta sesión del juicio contra los 37 acusados arrancará hoy, martes, con la reproducción de las declaraciones que prestaron durante la instrucción el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo. Además, las partes escucharán los testimonios de María del Mar Rodríguez -empleada de las empresas del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa- y de Leopoldo Gómez, hombre de confianza del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda.
En una dura exposición, la fiscal, Concepción Sabadell, insistió en que el PP se benefició "de fondos procedentes de cohecho y malversación" de la red corrupta y, por ello, tiene que ser juzgado como responsable civil. Sabadell respondió a todas las cuestiones previas planteadas la semana pasada por las defensas, en un alegato en el que destacó la "abrumadora prueba" contra los acusados y cargó contra los abogados por "intoxicar" al tribunal.
Por la tarde, la sala resolvió estas cuestiones, aunque dejó para la sentencia algunas de las más polémicas, como la nulidad de la causa pedida por muchas defensas, que estiman irregulares las grabaciones del delator de la "Gürtel" que dieron inicio al proceso. Tampoco resolvió la petición del PP de que se le aparte del juicio, en el que está como partícipe a título lucrativo, y se incluya en su lugar a las agrupaciones municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde se celebraron los actos financiados por la trama. "No podemos hacer un pronunciamiento sobre este tema", afirmó el juez Hurtado, ya que, explicó, la prueba que se haga en el juicio resultará "fundamental" para decidir si el partido se lucró con la "Gürtel".
El tribunal sí aceptó, por contra, la petición fiscal de adelantar a los primeros puestos las declaraciones de tres acusados, que podrían haber pactado con Anticorrupción a cambio de una rebaja de pena. Se trata del único acusado que hasta ahora ha reconocido delitos, Alfonso García Pozuelo -expropietario de Constructora Hispánica-, y de otros dos procesados: el exedil de Hacienda de Pozuelo Roberto Fernández -se enfrenta a 2 años y 3 meses de prisión- y Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar, a quien piden 2 años de cárcel.
Donaciones ilegales
La dirección nacional del PP elaboró en 1999 una presentación en "powerpoint" mediante la que instruía a los alcaldes populares sobre cómo aportar fondos a las campañas más allá de los límites establecidos por la ley. La presentación explicaba que la parte de las donaciones que superase el tope legal debía ser transferida a las cuentas ordinarias del partido, apoyada por facturas de las empresas suministradoras en las que el importe se atribuyera a conceptos que no fuesen propios de campaña.
