El PP, que se sienta en el banquillo del juicio de la "trama Gürtel" como partícipe a título lucrativo, se sumó ayer a las cuestiones previas presentadas por el resto de los acusados y solicitó, bien la nulidad de la causa, que cree "ilegal", bien que se le aparte del proceso ante la "plena indefensión" que dice padecer por la falta de "concreción" de los hechos por los que se le acusa de lucrarse de la red de corrupción.

Entre las peticiones realizadas por los 37 acusados están la nulidad de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso, el exedil José Luis Peñas, y las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón.

El letrado del PP, Jesús Santos, arguyó que ya el "acto generador" de la causa (las grabaciones aportadas por Peñas) fue "ilegal" e "ilícito". Además lamentó que no se haya podido "expulsar" de la causa el "conocimiento" y la "información" de las escuchas de las conversaciones entre algunos de los acusados, ya en prisión, y sus abogados, autorizadas por Garzón, y que llegó a tachar de "delictivas".

Instó así al tribunal a estudiar "de qué manera ha podido afectar en el devenir" de la causa la decisión del exjuez y qué "reflejo contaminante" ha podido tener en la posterior investigación.

Por otra parte, el abogado del PP se quejó de que su cliente tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos. Santos dice desconocer "con la concreción necesaria" qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como "beneficiario" y le otorgan la condición de responsable civil.

En todo caso, "no debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales" de los ayuntamientos, denunció, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda.

Por el contrario, la defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato, encausada también como partícipe a título lucrativo, declinó presentar cuestiones previas y se limitó a aclarar que la incomparecencia de su cliente en el banquillo está amparada por la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre tanto, fuentes próximas a la defensa de Francisco Correa indicaron a "Efe" que el cabecilla de la trama ha ofrecido al fiscal reconocer los delitos de los que se le acusa a cambio de un pacto que aún no se habría producido y que pasaría por una reducción de su pena.

Esa misma postura fue asumida también ayer por el empresario Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, y que ya manifestó su arrepentimiento, y por el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.