La Fiscalía ha pedido diez años de inhabilitación para Artur Mas por haber organizado la consulta soberanista del 9-N de 2014. El expresidente catalán tachó de "farsa" el proceso judicial, pero dijo que será un "honor" ser procesado por "poner la cara" para la consulta.
En su escrito de calificación, presentado ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a Mas y a sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, por haber promovido desde el Govern la consulta pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
El ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados (Mas como autor, Ortega y Rigau como cooperadoras necesarias) para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal.
Tras conocer la petición de la Fiscalía, Mas acusó al Gobierno de haber "presionado" a los fiscales para convertir el 9-N en un "gran aquelarre judicial".
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría respondió que "la ley se aplica para todos y, cuando uno la incumple, en un Estado de derecho eso tiene consecuencias".
