El Tribunal Constitucional (TC) es partidario de rebajar la capacidad sancionadora que le otorgó el Gobierno cuando reformó la ley que regula su funcionamiento. Particularmente, en los casos de personas que puedan incurrir en el delito de desobediencia a sus resoluciones; así, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresident Mas o el diputado Francesc Homs.
Este es el contexto político en el que el Pleno del TC estudia desde ayer la reforma de la ley orgánica que concedió capacidades ejecutorias al tribunal, y en el que sus magistrados también empezaron a debatir la resolución que deben dictar sobre el conflicto de atribuciones que presentó el Congreso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control de las Cortes.
El tribunal quiere resolver los recursos contra la reforma de la ley orgánica antes de pronunciarse sobre Forcadell. Se trata de recursos presentados por el Gobierno vasco y la Generalitat en contra de una reforma legislativa que el Partido Popular sacó adelante en el Congreso, gracias a su mayoría absoluta, en septiembre del pasado año.
Suspensión temporal
Esa reforma faculta al Tribunal Constitucional a suspender temporalmente o imponer multas a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias. Fuentes no oficiales del TC informaron ayer a "Efe" de que la gran mayoría, si no la unanimidad de los jueces, se inclina por rebajar esta capacidad sancionadora y rechazar por inconstitucional parte de la reforma, aunque no toda.
Las fuentes señalan que la resolución rechazará parcialmente los aspectos más duros de la reforma "ad hoc" del Gobierno y revisará a la baja las capacidades sancionadoras que se le dieron.
Así, la resolución del TC se adelantará a la que debe tomar sobre Forcadell. El pasado 1 de agosto el Constitucional suspendió una resolución del Parlament que marcaba nuevos pasos hacia la independencia y dio veinte días a Forcadell para que explicara por qué desobedecía. Y advirtió a la presidenta de la Cámara y al propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que podían estar cometiendo un delito de desobediencia.
Entre tanto, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la causa del 9-N, Francisco Valls, ha dado diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que presenten sus escritos con la pena que solicitan para Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Al cumplirse ese plazo, el juez estará ya en condiciones de dictar el auto en el que envíe a juicio a los tres por los delitos de desobediencia al TC y prevaricación.
El plazo para que las partes presentaran sus escritos de acusación quedó en suspenso en julio, a raíz de un recurso que presentaron los abogados de los tres encausados. Pero la semana pasada, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la decisión de enviarlos a juicio en un auto en el que negó que la causa haya sido instrumentalizada políticamente.
