La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), que investiga la red de fraude de la cadena dental Vitaldent, ha puesto en libertad a Javier Arteaga, que posee buena parte de las franquicias de la empresa en España, y a Yolanda Copete, responsable del Departamento de Expansión.
Estas medidas se suman a la puesta en libertad de Oscar Arteaga, hermano de Javier y copropietario del mayor número de franquicias de la empresa, han informado fuentes jurídicas.
Los tres llevaban en prisión desde el pasado 17 de febrero, al igual que el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte, los únicos que permanecen en prisión.
La jueza les deja en libertad provisional, si bien les prohíbe la salida de España y les obliga a comparecer cada quince días en el juzgado.
La Fiscalía acusa a Javier y a Oscar Arteaga de pagar dinero en mano el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, para facilitar el blanqueo de capitales y evadir sus obligaciones fiscales.
En el caso de Copete, se la considera una de las personas que recogía dinero en B de las clínicas y con quien negociaban los franquiciados.
El juez acusa a los responsables de Vitaldent de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, estafa, apropiación indebida y delito contable, salvo Copete que lo está de los cuatro primeros delitos.
La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda".
Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.
Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.
