La supresión de las 38 diputaciones provinciales ahorraría 1.200 millones de euros a medio plazo, casi 600 de ellos de inmediato. Esa es la estimación de un estudios de la Fundación "¿Hay derecho?", presentado ayer y que aviva el debate público sobre uno entes en torno a los que gira la vida de muchos pequeños municipios de España. El pacto de PSOE y Ciudadanos, que no llegó a fructificar al frustrarse la legislatura pasada, incluía la supresión de las diputaciones, a lo que el PP se opone. Los autores del estudio "Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario" analizan los aspectos económicos a partir de los presupuestos de 2015 y las políticas públicas que desarrollan los entes supramunicipales. Además hacen un ejercicio teórico para calcular el ahorro que supondría la supresión de las diputaciones e incide en aspectos cualitativos relevantes, como los factores que permiten y favorecen la aparición de redes clientelares, que se traducen en numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción.
Las conclusiones apuntan a un disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la "irracionalidad" de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones.
La supresión de las diputaciones generaría un ahorro en el corto plazo de 588 millones, ello sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta reducción se conseguiría al eliminar su principal coste político, con la desaparición de los gastos asociados a los órganos de gobierno (140 millones) y las transferencias de fondos que las diputaciones realizan a sus propios entes y a otras administraciones sin una finalidad concreta (447 millones).
