El Instituto Nóos solo justificó debidamente trabajos con un coste de 382.000 euros por la candidatura para los Juegos Europeos, y la Generalitat Valenciana rechazó 123 facturas por 1.983.479 que la entidad no acompañó de soporte documental.
Ayer declaró como testigo en Palma ante el tribunal que juzga el "caso Nóos" la persona que rechazó esas facturas, la exsubsecretaria de Presidencia Isabel Villalonga, quien detalló que no se abonaron porque no incluían copia de los proyectos presentados, documentación de las reuniones celebradas ni los contratos de los consultores cuyos honorarios pretendían cobrar.
Villalonga negó la explicación que dio Diego Torres cuando declaró ante el tribunal que esas 123 facturas rechazadas fueran proforma o borradores presentados para comprobar si eran adecuadas antes de aportar las definitivas.
"Absolutamente eran facturas. En una factura proforma tiene que poner proforma y no se exige pago, no se presenta para que se pague", afirmó.
Según ha explicado, fue el entonces contable del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, quien remitió las facturas a la Generalitat y, tras analizarlas de forma pormenorizada, decidió rechazarlas porque no tenían ningún tipo de soporte.
La testigo ha recordado que no era algo "muy normal". De hecho, tras devolver las facturas, ha manifestado que "cualquiera diría: se ha vuelto loca o le cortamos la cabeza". La única partida que, según ha recordado, fue justificada por el Instituto fueron los 382.000 euros que acabó cobrando de forma presuntamente irregular la entidad de la Generalitat por unos Juegos Europeos que, finalmente, nunca tuvieron lugar.
El importe total que contemplaba el convenio era de seis millones de euros, tal y como ha precisado. En concreto, el convenio fue suscrito el 23 de diciembre de 2005 por Víctor Campos en representación de la Generalitat, de donde salieron los fondos, Diego Torres y por el exconseller Esteban González Pons en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
