Todos apelan a evitar unas nuevas elecciones pero las urnas ya están en el horizonte de los partidos. Una situación insólita como su repetición requiere resolver aspectos que la ley delimita con claridad en circunstancias ordinarias. El primero de ellos es si hay que habilitar el plazo normal de quince días de campaña para los comicios del 26 de junio.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sugirió ayer acortar la campaña, con el acuerdo del resto de los partidos, para "no dar tanto la lata" a los electores. La propuesta fue rechazada por el PSOE, cuyo portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, sí se muestra partidario de reducir los gastos con medidas como que no se pague el buzoneo electoral y se adopten otras medidas de ahorro para que "los ciudadanos no paguen la irresponsabilidad de quienes van a llevarnos a unas elecciones". "Que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y que cumpla con la ley y con la Constitución. Ni más, ni menos", exigió ayer Hernando. Para el PSOE los plazos que marca la ley "son claros" y establecen que la campaña debe tener una duración de dos semanas.

Ciudadanos aceptaría reducir el plazo con el acuerdo de todos los partidos y si existen cauces legales. Por ahora mantiene la esperanza de no volver a las urnas para evitar el gasto de unos 170 millones.