El ´caso Banesto´ recobra actualidad por la detención del que fuera presidente de la entidad financiera, Mario Conde. El Banco de España decidió, en el comienzo de la última legislatura del Gobierno socialista de Felipe González (1993), la intervención del banco por un agujero patrimonial de más de 600.000 millones de pesetas de la época, casi 4.000 millones de euros.

Detrás de aquel hundimiento de un banco -y un gestor, Mario Conde- al que se creían modélicos, estaba la expansión desaforada del negocio de los créditos, que dejó a la entidad en una situación de morosidad irreversible. Conde trató de resolver la crisis con una ampliación de capital soportada por JP Morgan, pero ya era demasiado tarde.

El banco fue intervenido el 28 de diciembre de 1993 y toda su cúpula fue destituida. El Santander se adjudicó Banesto en la subasta del Banco de España y todos sus clientes y activos pasaron a formar parte del que entonces se convirtió en el primer grupo bancario español.

La España de aquel año empezaba a sufrir, además, los embates de una crisis económica nacida tras la resaca de los Juegos Olímpicos y la Expo y que se vio aumentada por los efectos de los graves problemas de la industria española. Muchos españoles se vieron atrapados en la crisis de Banesto al ver que sus ahorros estaban en riesgo.

En 1994, Conde ingresó en prisión acusado de apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas. Conde, al que se consideraba al comienzo de los años 90 un sinónimo de éxito, un ejemplo de cómo triunfar en el ambicioso mundo de las finanzas, clamó siempre por su inocencia.

La Audiencia Nacional condenó el 31 de marzo de 2001 a Conde a diez años de cárcel por dos delitos de estafa y apropiación indebida, al tiempo que le obligó a devolver 7.200 millones de pesetas. Un año después, el 29 de julio de 2002, el Supremo resolvió aumentar las penas, pero en el año 2005 Conde obtuvo el tercer grado penitenciario y en 2008 la libertad condicional.

El Tribunal Supremo dio carpetazo al caso el 29 de julio de 2002, casi diez años después de que saliera a la luz el escándalo financiero que se descubrió cuando el Banco de España cesó al equipo gestor de entonces, presidido por Conde, y colocó a Alfredo Sáenz Abad, entonces vicepresidente del BBV, como nuevo presidente provisional de la entidad.

La investigación del Banco de España, que concluyó en febrero de 1996, ponía de manifiesto un fraude contable continuado por parte de los gestores de Banesto, que ascendía a 501.200 millones de pesetas y un agujero de 605.000 millones de pesetas.

El juicio se prolongó desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 3 de diciembre de 1999, y la sentencia de la Audiencia se conoció el 31 de marzo de 2000. El Tribunal Supremo decidió aumentar de diez a veinte años de cárcel la pena impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de la entidad, Mario Conde.

También amplió de seis a diez años la condena del exconsejero Rafael Pérez Escolar y condenó a cuatro años de prisión al financiero Jacques Hachuel y al ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, que habían sido absueltos por la Audiencia Nacional, por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 31 de marzo de 2000, condenó a Mario Conde a seis años de prisión por un delito de estafa, a través del Grupo Dorna, y otros cuatro años y dos meses por apropiación indebida realizada en el Grupo de las Cementeras de Banesto.

También condenó al exvicepresidente de Banesto Arturo Romaní a 13 años y ocho meses de cárcel por las mismas operaciones que a Conde y por la apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas, cometida a través de la operación Carburos Metálicos.

Con anterioridad, en febrero de 1998, Mario Conde había sido condenado por el Tribunal Supremo por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust, esto es, el dinero desviado desde Banesto a esta sociedad instrumental.

Por este asunto fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, al pago de una multa de 15 millones de pesetas, a una indemnización a Banesto de 600 millones de pesetas y a la inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras durante la duración de la pena. Conde permaneció en prisión más de 17 meses, aunque desde septiembre de 1998 disfrutó del tercer grado restringido y, finalmente, fue puesto en libertad condicional el 10 de agosto de 1999.