La Fiscalía se opone al archivo de la causa del 9-N porque ve "sólidos indicios delictivos" en la actuación del expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e "intensificaron" la preparación de la consulta al "desafiar" la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensa de Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución de la consulta y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).

La Fiscalía, que sostiene que Mas "desafió abierta y públicamente la suspensión" acordada por el TC el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9-N en las respectivas mesas, "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica".

Sobre Mas, los Fiscales advierten que "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso". Según los fiscales, el expresidente catalán, "auxiliado directamente por destacados miembros de su gobierno", como Ortega, Rigau y Homs, "desafió abierta y públicamente" la suspensión del proceso participativo ordenada por el Tribunal Constitucional.

Los fiscales sostienen que la instrucción de la causa acredita que los acusados, tras conocer la suspensión ordenada por el TC, "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así". "La utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior y el propio día de la votación la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios", apuntan los fiscales. Señalan además que los preparativos se llevaron a cabo en un "clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas" y constatan que sin usar medios públicos "la votación no habría podido tener lugar".

Prisa independentista

El diputado de la CUP Joan Garriga 'defendió ayer la moción de su grupo que insta al Govern a aplicar la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre de 2015, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional, porque "tenemos prisa y la gente está inquieta por si estamos avanzando o no". La moción "le da la oportunidad al Govern de demostrar su compromiso con la hoja de ruta", especialmente en un momento en que desde la oposición se apunta a que JxSí ha retrocedido, apuntó Garriga