El Gobierno catalán rechazó en 2006 financiar con un millón de euros un congreso sobre salud a propuesta del Instituto Nóos, según testificó ayer Ignasi de Juan, que diseñó la iniciativa contratado por la asociación sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

De Juan, que compareció por videoconferencia en la vigésima tercera sesión del juicio del "caso Nóos", aseguró que los altos cargos de la administración catalana con los que contactó, entre ellos "cuatro consejeros" que no citó, indicaron que la aportación pública no podía superar los 300.000 euros, informa "Efe". No obstante, aclaró que las gestiones económicas no las llevó a cabo personalmente porque, a diferencia de en otros proyectos en los que había trabajado, en Nóos nunca tuvo "acceso" a ese ámbito.

Otra testigo que también declaró por videoconferencia relató al tribunal que la sociedad Aizoon, cuya propiedad comparten al 50 por ciento la infanta Cristina y Urdangarín, la contrató en 2007 como auxiliar administrativa, cuando su empleo era realizar tareas de cocina y limpieza en la casa de la pareja.

La compareciente trabajó junto a su esposo para el matrimonio desde 2006 a 2009. Inicialmente, estaban contratados directamente por el matrimonio como empleados del hogar y cuando se creó Aizoon fueron dados de alta en esa sociedad.

La trabajadora doméstica justificó el contrato con Aizoon en que también limpiaba el despacho profesional que Urdangarín tenía en su domicilio familiar del barrio barcelonés de Pedralbes. Pero su marido, que declaró antes, explicó que la contratación por parte de una empresa les facilitaba la obtención de un crédito bancario para comprar un piso. Los testigos se contradijeron respecto al origen de la iniciativa de cambiar la modalidad del contrato, ya que mientras él aseguró que fue una propuesta de Urdangarín, la mujer manifestó que se lo pidieron ellos para tener acceso al crédito hipotecario.

Ante esta contradicción, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, advirtió de que en sus conclusiones finales podría solicitar que los antiguos empleados de hogar sean imputados por falso testimonio.