La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicitó que se tome declaración en calidad de investigados (antaño imputados) al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su mujer, en relación con el ático que tenían arrendado en Estepona y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad. También pide la comparecencia, igualmente como investigado, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La reapertura del caso del ático de González -que la Fiscalía sospecha le fue regalado a cambio de favores urbanísticos- se produce a raíz de recientes comprobaciones efectuadas en relación con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la causa, de resultas de las cuales "se atribuyen a González hechos que de ser ciertos podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales".
El fiscal estima igualmente que por el momento no se debe producir la inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción Número 5, al no estar acreditada por el momento la vinculación de ambos hechos.
El Ministerio Público apunta que la supuesta vinculación entre ambos procedimientos tiene su origen en afirmaciones de una acusación particular personada en la causa (el sindicato policial SUP), sobre la supuesta utilización en ambos casos de las mismas entidades instrumentales para la constitución de sociedades que encubrirían la titularidad de los bienes.
