El Defensor del Pueblo recibió el pasado año 17.822 quejas, un 23,13 por ciento menos que en 2014, sobre problemas como los retrasos en la Justicia, el voto por correo y desde el extranjero, los servicios financieros, las listas de espera o las prestaciones económicas.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy a los presidentes del Congreso y del Senado, Patxi López y Pío García Escudero, el Informe Anual 2015 de la institución, que también desarrolló 522 actuaciones de oficio.
La institución formuló 706 recomendaciones, de las que las administraciones aceptaron 311, rechazaron 95 y 300 están pendientes de respuesta, además de proponer 613 sugerencias (324 aceptadas, 112 rechazadas y 177 pendientes).
Tras indicar que desconoce exactamente las causas del descenso del número de quejas, Becerril ha señalado que, a lo largo del año pasado, se ha notado "una mejoría en las carencias y necesidades de los ciudadanos, aunque las huellas dejadas por las varias crisis económicas todavía persisten".
Entre las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos ha destacado los retrasos en la Administración de Justicia, así como el voto por correo y desde el exterior y las más de 400 quejas procedentes de autoescuelas por agresiones a los examinadores por alumnos que suspenden el examen, entre los asuntos de Interior.
También ha señalado las quejas sobre bancos y servicios (electricidad y gas) en el ámbito de la economía, las listas de espera en sanidad y las prestaciones por incapacidad, pensiones, subsidios por desempleo o renta activa de inserción en materia de empleo.
Madrid (4.899), la Comunidad Valenciana (2.266), Andalucía (2.173) y Cataluña (1.542) son las autonomías que presentaron un mayor número de quejas.
Por el contrario, La Rioja (117), Cantabria (216), Extremadura (306) y Baleares (328) figuran entre las regiones que plantearon un menor número de quejas, además de las ciudades autónomas de Ceuta (48) y Melilla (35).
La defensora del pueblo ha resaltado que la institución tarda una media de 29 días en responder a las quejas de los ciudadanos y 47 en emitir una resolución tras recibir la respuesta de la Administración.
- ECONOMÍA
El Defensor del Pueblo pide al Estado y a las comunidades autónomas que impulsen una legislación suficiente que garantice el derecho constitucional del acceso a una vivienda, y que, mediante los presupuestos, doten de recursos a las administraciones para materializarlo.
La institución critica también el arbitraje de las preferentes puesto en marcha por el Gobierno, a través del FROB, en -Novacaixagalicia, Caixa Catalunya y Bankia-, porque entiende que no era universal y que los expertos a los que había que entregar la documentación no eran independientes.
Asimismo, urge a todas las administraciones públicas a esforzarse para que abonen la parte proporcional de la paga extra suspendida en 2012, y eviten así "desigualdades" entre los trabajadores de las diferentes administraciones o entidades estatales.
En el informe, reclama que los procesos de persecución del fraude en el suministro eléctrico se consideren de carácter público y que, por tanto, sean asumidos por funcionarios en lugar de por empleados de empresas como ocurre actualmente.
- POLÍTICA SOCIAL
El 52 por ciento de las quejas y actuaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo en política social están relacionadas con situaciones de pobreza y exclusión.
La atención a la dependencia, así como los menores y la protección de la familia suponen, cada una de estas áreas, alrededor de un 15 por ciento de las quejas.
Un 10 por ciento de las cuestiones están vinculadas con la discapacidad y un 6,6 por ciento con la protección de las personas mayores.
En 2015, las quejas relacionadas con las demoras en la tramitación de las rentas mínimas han decrecido con respecto a los años anteriores, debido, en buena medida, al descenso de las procedentes de la Comunidad de Madrid.
La institución reconoce que la mayor parte de las Administraciones cuenta con planes de apoyo para personas y familias en situación de vulnerabilidad, pero considera que hay "un déficit de transparencia" en las administraciones públicas a la hora de especificar el gasto público destinado a garantizar la alimentación de los niños.
- SANIDAD
El Defensor del Pueblo afirma que el derecho a la protección a la salud ampara a los inmigrantes irregulares con "graves procesos de salud" y que atenderles solo en urgencias no se ajusta a la ley de cohesión del sistema de salud.
El informe cifra en 1.422 las quejas de los ciudadanos en materia sanitaria frente a las 743 del año anterior.
Hace referencia al copago farmacéutico y considera que las administraciones deben garantizar que los pacientes no abandonen los tratamientos.
Igualmente, recoge las quejas de un elevado número de pacientes que sufren demoras para recibir un tratamiento especializado o ser intervenidos quirúrgicamente.
- JUSTICIA E INTERIOR
En el ámbito de la Justicia, el Defensor del Pueblo subraya la precaria situación en todo el territorio nacional de la jurisdicción social, en la que se dilucidan los conflictos laborales, hasta el punto de que se ha llegado a señalar un juicio en Sevilla para 2019.
En el área de Interior, solicita que no se usen camiones policiales dotados con cañones de agua para disolver manifestaciones hasta que se evalúen los riesgos para las personas que tendría su empleo.
En materia de prisiones, recomienda que se busque una alternativa para los presos que son trasladados de cárcel o conducidos a juzgados u hospitales y que viajan en los furgones con las manos esposadas a la espalda, una situación que puede provocarles lesiones en casos de frenazo y dolores articulares.
- EDUCACIÓN
El Defensor del Pueblo señala que aunque la oferta de plazas escolares en España es suficiente en su conjunto, se están produciendo algunas carencias en determinados niveles educativos o en ciertas localidades a causa de deficiencias en la planificación y previsión de las necesidades.
Se recibieron 669 quejas individuales, 488 quejas agrupadas, 44 actuaciones de oficio y una solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.
Como ejemplos de los problemas relacionados con la insuficiente oferta de plazas se destaca la escasez en Infantil en el barrio Arcosur (Zaragoza); la mayor demanda de plazas escolares en los barrios de Hortaleza-Sanchinarro-Valdefuentes (Madrid) respecto a la autorización de puestos escolares; o que en Rafelbunyol (Valencia) solo hay un colegio público y se ha duplicado su población.
