El Parlament admitió ayer a trámite las ponencias de las tres leyes de "desconexión" con el Estado cuya redacción y aprobación figuraba en la declaración secesionista del 9 de noviembre, que fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, la creación de las ponencias quedó paralizada hasta que los servicios jurídicos de la Cámara catalana dictaminen si contravendría el fallo del alto tribunal.
Se trata de las leyes de régimen jurídico (transitoriedad), protección social (seguridad social) y administración tributaria. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha adelantado que serán recurridas ante el TC, como hizo la semana pasada con la creación de la Consejería de Exteriores, que dirige el diputado de Junts pel Sí (JxS) Raúl Romeva.
La admisión a trámite de las ponencias, que impulsan conjuntamente los grupos de JxS y de la CUP, fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de que disponen los independentistas en la Mesa de la Cámara. No obstante, no fueron creadas porque el resto de los grupos (Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PPC) reclamó un dictamen jurídico sobre su legalidad.
Los dos grupos independentistas aceptaron posponer la tramitación hasta que los servicios jurídicos del Parlament decidan.
Las reticencias de la oposición empiezan por la fórmula escogida por los secesionistas para impulsar las tres leyes: una ponencia conjunta. Según el vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), con esa elección, JxS y la CUP incurren en un "fraude de ley" y vulneran el artículo 126 del Reglamento del Parlament, ya que la mayoría de los grupos no quiere participar en las ponencias.
La fórmula adecuada para tramitar las tres leyes de ruptura con España debería ser, según la oposición, la del proyecto de ley o la de la proposición de ley.
Los impulsores de las ponencias defienden que esta fórmula trata de hacer partícipes a todos los grupos de leyes que consideran que son del interés de todos los ciudadanos y que, por ese motivo, plantean la ponencia conjunta, aunque la portavoz de JxS, Marta Rovira, aclaró: "Si no tiene ganas de participar en los debates políticos, es evidente que una ponencia conjunta de dos grupos parlamentarios es igual a que estos lleguen a un acuerdo".
Pero lo más importante es que la oposición cree que las ponencias suponen desarrollar la proclama independentista del 9 de noviembre. "Aceptar a trámite esas solicitudes supondría vulnerar la prohibición del TC de admitir a trámite cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión de la resolución", explicó Saavedra.
Por otro lado, la portavoz del Govern, Neus Munté, recordó que el Ejecutivo quiere contar con unos Presupuestos en 2016, aunque no fijó un plazo concreto, y recalcó que con quien tiene un acuerdo de estabilidad es con la CUP y no con corrientes de ese partido, como Endavant, muy críticas con el acuerdo que permitió desbloquear la investidura. Munté recordó a la CUP que sin presupuestos no será posible aprobar el plan de choque social pactado.
