El caso Imelsa ha abierto una vía de investigación judicial sobre corrupción que ayer movió a los responsables del PP a anunciar que en los próximos días la dirección local de Valencia será sustituida por una gestora.

La decisión fue comunicada después de que, durante la mañana de ayer, una veintena de ediles y exediles populares de Valencia, así como asesores y exasesores del grupo municipal (hasta un total de una 50 personas), acudieran a declarar como investigados (antes imputados) en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido.

El juez investiga si durante la última campaña electoral municipal, celebrada el pasado mayo, se puso en marcha una operación de blanqueo consistente en que cargos públicos y asesores populares hicieron donaciones de 1.000 euros al partido, que después les fueron devueltos en dinero negro.

Esta nueva fase de la investigación se produce después de que, esta misma semana, fueran detenidas 24 personas sospechosas de pertenecer a una trama de cobro de comisiones en contratos de obra pública montada en torno a la empresa Imelsa. Entre los detenidos, todos los cuales han sido puestos en libertad, 23 de ellos con fianza, figura el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, a quien el juez ha exigido una caución de dos millones de euros. Rus, al igual que otros 21 detenidos, se acogió a su derecho a no declarar.

También fueron puestos en libertad con fianza otros tres ex altos cargos del PP: los exvicepresidentes de la Diputación Máximo Caturla (también exsecretario autonómico de Educación) y Juan José Medina (exalcalde de Moncada) y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis. El juez impuso una fianzas de dos millones de euros a Caturla, y sendas de un millón a Medina y a Llopis.

En medio de la conmoción desatada al destaparse estos nuevos casos de corrupción en la comunidad levantina, la exalcadesa de Valencia Rita Barberá aseguró ayer sentirse "asombrada y sorprendida" por el caso Imelsa. Barberá negó la existencia de "mordidas" y sostuvo que ella "no ha adjudicado un contrato a dedo en su vida". La exalcaldesa, que goza del estatuto de aforada por su actual condición de senadora, resaltó que está manteniendo "un discreto silencio ante esta avalancha de acusaciones" que, añadió, "ya me han condenado mediáticamente".