El juzgado de Instrucción número 1 de Leganés ha acordado reabrir la causa que había archivado por la muerte del niño de once años que se suicidó en esa localidad madrileña tras un supuesto caso de acoso escolar al aparecer un testigo que afirma tener información sobre el caso.

El juzgado ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres de Diego G. y ha reabierto la investigación para practicar las diligencias solicitadas por el fiscal, que ha apoyado la reapertura, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El niño se suicidó en octubre de 2015 y el juez archivó la causa al considerar que no existían indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito.

Los padres del chico solicitaron la reapertura de la causa y la investigación no solo de un posible acoso escolar en el colegio Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid, sino también de una posible agresión sexual.

En el nuevo auto, el juez insiste en que no hay indicios suficientes para citar a los profesores de Diego como investigados, pero reconoce que, al haber aparecido un testigo que manifiesta ser conocedor de nuevos hechos que pudieran ayudar a esclarecer la investigación, es necesario continuar la instrucción de la causa para comprobar si esas afirmaciones son veraces.

El juzgado, con apoyo de la fiscalía, consideró en su momento que de las diligencias practicadas por la Policía Judicial, del resultado de la autopsia practicada y del análisis del Ipad del menor, no se evidenció "la existencia de indicios que permitiesen la imputación de un delito de homicidio imprudente a persona alguna".

Ahora, pese a la reapertura del caso, defiende que ese auto inicial "no adolece de defecto ni debe ser objeto de reforma".

"La posible existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de una situación de acoso escolar frente al menor fallecido (hechos que no han quedado acreditados y que habrán de ser investigados en su caso por la Fiscalía de Menores), no implica la existencia de un delito de homicidio imprudente por parte del profesorado del centro donde pudieran haberse llevado a cabo los mismos o del mismo centro", recalca.

E insiste en que, tal y como manifiesta la Fiscalía en su informe, "de las diligencias practicadas no resultan suficientes indicios para proceder a tomar declaración como investigados a los profesores indicados en el recurso como autores o coautores del delito que se les pretende imputar".

No obstante, accede a reabrir el caso para comprobar la veracidad de la declaración de ese testigo -cuya identidad no se ha facilitado- y su posible aportación al esclarecimiento del caso.