Aunque suele asociarse a la neutralidad, al pasotismo, la abstención es a veces la apuesta más contundente, meditada y calculada. El PP valenciano hace tiempo que optó por abstenerse en las Cortes en asuntos de retrovisor, por ejemplo en la comisión de investigación de las plazas de residencia de la etapa Cotino. Una abstención de Isabel Bonig y la nueva dirección que es un no a la herencia recibida de los Consejos del PP en materia de corrupción. Le sucedió en su día al PSOE en España.
La peor herencia es la sombra, que siempre va adosada y no hay forma de despegarla. Cuando la sombra del escándalo pierde proyección ahí está el calendario para recordar que la corrupción siempre llama tres o cuatro veces: cuando el escándalo se cuenta en la prensa, durante o antes de la instrucción judicial -con operaciones policiales incluidas- el día que se levanta el secreto de sumario, en el momento de la vista oral y cuando se dicta sentencia.
La presión del calendario. La tormenta judicial y política de corrupción que en estas fechas está arreciando constata la persecución a que el calendario somete al PP. El accidente del metro (comisión de investigación parlamentaria); el caso Nóos (juicio oral); la pieza Fitur del caso Gürtel (las otras cinco saltaron a Madrid); el caso Emarsa (el juicio pendiente de arrancar cuando el acusado Jorge Ignacio Roca sea trasladado desde Moldavia, donde fue detenido); las dos piezas pendientes del caso Blasco (el desvío de fondos de las ayudas a la ONG y la Fundación Hemisferio y los pisos de Miami); el caso Castellano (los presuntos sobornos „cacerías, rifles, dinero o coches„ al exconseller y otros políticos y técnicos para obtener contratos y el cártel de empresas de extinción de incendios); el agujero de 1.200 millones en RTVV (se instruye en un juzgado de Paterna); la rama valenciana de la Púnica; el caso Feria Valencia; el caso Valmor, que afecta de lleno al expresidente Camps, el caso Aido... Y a estas estaciones del calvario se acaba de incorporar el caso Acuamed o la imputación de Consuelo Císcar por presunta malversación y prevaricación en el IVAM.
Las siete plagas de «El Caso». Lo peor para los populares, con daños colaterales para algún partido hoy gobernante, está por llegar. Llama a la puerta El Caso. Sin apellidos. No es el caso Imelsa, ni el caso diputación, ni el caso Rus. Es una causa con siete piezas que asoman amenazantes como siete plagas bíblicas.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la UCO de la Guardia Civil y el juzgado de instrucción número 18 se remonta a antes incluso de que en julio de 2014, la diputada provincial de EU, Rosa Pérez, presentara la denuncia con aportación de las diez horas de grabación realizadas por el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent. Es la causa síntesis de todas las demás. La primera fase del escándalo liquidó políticamente a Alfonso Rus, con el «mil, dos mil, tres mil... dotze mil euros, dos millons de peles» como corolario preelectoral. Tras la reaparición pública de Marcos Benavent el pasado 3 de junio para entregar las copias de los discos duros que se llevó de Imelsa y una vez consumada con retraso la complicada investigación, la bomba retardada detonará en breve. Tras una docena de visitas de la UCO a la diputación, también al Ayuntamiento de Valencia, se ejecutará la operación prevista de detenciones y registros domiciliarios.
Rastro del dinero en el exterior. Antes incluso de su estrambótica visita al juzgado número 6, donde se instruye la denuncia interpuesta contra él por el anterior equipo del PP por robo de documentos, Benavent ya se había convertido en auxiliar colaborador de la Fiscalía. Especialmente para ayudar a descifrar el quién es quién y seguir la pista del dinero. Euros que dejaron rastro internacional en países como Brasil y con sociedades como Geneva Patrimonial, con presuntos vínculos con una de las empresas de muebles de Rus. Esa investigación exterior es una de las razones por las que se han demorado las detenciones y levantamiento, al menos parcial, del secreto de sumario.
Financiación, como en Gürtel. Quien se confesó como «yonqui del dinero», prometió devolver lo que se había llevado y auguró que saldría «mierda a punta pala» no es el principal protagonista de un caso que, como las grandes novelas y películas, contiene varias tramas paralelas. Uno de los hilos centrales, como en Gürtel, es la presunta financiación ilegal del partido a través de comisiones derivadas, para el supuesto pago de actos, por una red de mordidas instalada en ayuntamientos, diputación y Generalitat, con empresas públicas como Ciegsa, a cuyo frente estuvo Máximo Caturla. «He dejado 5.000 euros para el partido porque Alfonso lo quiere así», advertía Benavent a la exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón en una de las grabaciones publicadas por este diario.
El exgerente de Imelsa hablaba con Rus sobre presunto cobro de comisiones en la ejecución de planes de vivienda, un diálogo, grabado también por quien fue delfín del exalcalde de Xàtiva, en el que aludían al exconseller Rafael Blasco. Una diferencia de este caso respecto a Gürtel estriba en que el escándalo que sepultó a Camps no se acreditó pago de comisiones en dinero (salvo apuntes sobre el contrato de Canal 9 con Teconsa de una supuesta correduría de 500.000 euros para el exdirector general Pedro García).
Alto mando en las instituciones. Otra diferencia clave radica en que los presuntos jefes del tinglado, el Francisco Correa y «El Bigotes» de turno, no están fuera de las instituciones ni de la política. A los nombres de Rus, Alcón o Caturla y varios exalcaldes, se sumará algún destacado exmandatario del Consell popular al que aún no le ha salpicado ningún escándalo judicial. Alguien que tenía costumbre de celebrar reuniones por la zona de Pinedo.
En esa supuesta trama de mordidas es esencial la iniciativa privada. Se montaron empresas ad hoc para contratar con la administración o cobrar la comisión a los contratistas a través de facturas falsas. Benavent adjudicó cuatro millones a empresas afines o de testaferros como Ommega Mmoe, Excavaciones y Movimientos Jemar o Carlady, que luego pagaban a Berceo Mantenimientos, que él mismo constituyó. Otras veces se buscaron presuntas complicidades con empresas ya existentes, en especial de sectores cuyos servicios son difícilmente cuantificables y la práctica de hinchar precios y facturas para orquestar el supuesto saqueo resulta más cómoda.
Un capítulo para Imelsa. La pieza separada dedicada a Imelsa ha sido de lo más fértil. Están siendo investigados los grandes contratos de gestión tributaria, catastral y de servicios informáticos, con empresas como T-Systems (2,3 millones), Estudis i Serveis Cadastrals (en la que trabajaba Antonio Mas, quien luego le adjudicó desde la diputación 846.800 euros) o Servimun, la contratista del Call Center tributario, cuyo encargado era cuñado de Benavent. La Fiscalía tiene pruebas del intento de controlar la mesa de contratación en la mayor de las adjudicaciones informáticas, así como denuncias por escrito de haber recibido presiones a favor del aspirante que ganó otro de los contratos.
Facturas falsas y duplicadas. La Agencia Tributaria tiró del hilo al detectar que la firma Flying Tigers no pagó el IVA de los 60.445 euros que cobró por trabajos en el taller de empleo y formación que la diputación tiene en el Monasterio de Llutxent y concluyó que eran facturas falsas. Al final, la inspección de Hacienda detectó una madeja de una docena de empresas, alguna de consultoría medioambiental, que sirvieron para justificar la salida de fondos de Imelsa con facturas falsas, sin contrato ni expediente, por 1,2 millones.
Otras veces se ha pagado por duplicado la misma factura con distinto concepto a firmas de arquitectura y asesoría urbanística, en proyectos de piscinas, pistas de pádel o campos de fútbol de césped artificial. Ese plan estrella de Rus absorbió 33 millones. Benefició supuestamente a empresarios como Vicente Cucarella, proveedor de materia prima para fabricar hierba artificial.
La consultoría da mucho margen. Es terciario avanzado. Como una conocida empresa que, desde tiempos de Eduardo Zaplana ha hecho muchísima carrera de la mano de las instituciones gobernadas por el PP. Una mercantil que aparece „con media docena de filiales„ con un papel destacado en la investigación como presunta lavadora, centrifugadora y secadora de fondos. Se investiga también su papel relevante en el supuesto desvío de dinero para pagar actos del partido.
El reparto de millones en patrocinios deportivos y de otro tipo también ha sido revisado. El exdiputado de Deportes Miguel Bailach regó con un millón de euros a empresas y clubes de su pueblo, Massamagrell.
Prevaricación por enchufes. La política laboral de enchufismo en las instituciones públicas ha sido escrutada. El uso de la Administración como un inmenso pesebre en el que colocar personal al margen de cualquier proceso de selección y fomentar así el clientelismo con fondos públicos conforma una pieza propia en la que se indaga una presunta prevaricación, según fuentes de la investigación. Imelsa, que gestiona las brigadas forestales, resulta paradigmático. El 84% de la plantilla fue colocada a dedo por Benavent y Rus. El nuevo equipo gerente ha implantado procesos de selección de personal abierto en plazas antes cubiertas a dedo.
Urbanismo y dimensión autonómica . Técnicos de alto rango y exresponsables de los departamentos implicados en las adjudicaciones, así como empresarios contratistas esperan la operación en la que sólo en la diputación podrían producirse varias decenas de detenciones.
Y, por supuesto, la causa se cimenta en parte sobre el urbanismo como nicho de negocio para comisionistas. Y no se ciñe a la provincia de Valencia, que es otro corsé de prejuicio que se romperá cuando se levante el secreto de sumario. Rus llegó a la diputación en 2007, y situó a Marcos Benavent en Imelsa. La proliferación de PAI en el monocultivo urbanístico estaba en su momento cumbre. En las grabaciones, anteriores a la llegada a la diputación, aparecen conversaciones sobre un presunto cobro de comisiones en un PAI de l'Alfàs del Pi, en el que participa el constructor Juan Ferri, en prisión por el saqueo de Bancaja.
Las causas se tocan. No es la única convergencia entre diversos escándalos. Carlos Pujadas, de la citada T-Systems, fue socio de Augusto César Tauroni, el empresario condenado junto a Rafael Blasco por desvío de fondos de Cooperación. La empresa de Pujadas Dimensión Informática se llevó un contrato de 3,4 millones en Sanidad, con Blasco de conseller. Tauroni aparecía en la página 124 de la agenda de Pablo Crespo dentro de la operación blasquista de montar el partido PSD. Y también Tauroni compró tres avionetas, pagadas en parte en B, a Avialsa, la contratista de la extinción aérea de incendios acusada de pagar sobornos a Serafín Castellano.
El mundo es un pañuelo. Y el mundo de las presuntas corruptelas un pañuelo de seda.
