El fraude en la empresa pública Acuamed, que investiga la Audiencia Nacional, se cobró ayer la dimisión del subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y antes secretario de Estado de Medio Ambiente.
Varios testigos anónimos citados en la investigación sitúan a Ramos en una reunión en la que se pactó un pago indebido de 40 millones de euros a FCC que después fue consignado en los Presupuestos Generales de 2015.
Fue precisamente la "número dos" del Ejecutivo en funciones la que informó de la renuncia de Ramos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El subsecretario de Presidencia dimite a petición propia para defender su "honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" durante su anterior cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, tras haberse visto involucrado en el caso.
La renuncia llega tres días después de que la operación Frontino, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras por parte de Acuamed, se saldara con la detención de 13 personas, entre ellas las del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, que ingresaron en prisión sin posibilidad de fianza.
Ramos se vio salpicado por el "caso Acuamed" después de que antiguos trabajadores de la empresa pública aseguraran ante el juez instructor, Eloy Velasco, que el ex alto cargo de Medio Ambiente participó en una reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora.
Antes de que se conociera su renuncia, el PSOE había pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno y registrado una solicitud de comparecencia en el Congreso del propio subsecretario de la Presidencia, "para dar cuenta de su implicación en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed".
El portavoz socialista, Antonio Hernando, reclamó un informe sobre las actuaciones que realizó el Ministerio de la Presidencia para esclarecer la implicación de Ramos en el caso. El "número dos" del PSOE, César Luena, fue más allá y exigió explicaciones y responsabilidades al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al ser preguntado por Acuamed, anunció que su partido va a proponer que se constituya en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción en España.
La ministra de Agricultura y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ordenó investigar todos los contratos de Acuamed que investiga la Audiencia Nacional y "buscar en cada rincón del Ministerio la mas mínima irregularidad".
El Gobierno de Castilla-La Mancha investigará si ha habido "algún tipo de contratación" por parte del anterior Ejecutivo, que presidió María Dolores de Cospedal, con Arcadio Mateo, propietario de una empresa que realizaba encuestas electorales para el PP regional.'
