El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a juicio a 27 personas, entre las que se encuentran los 'exconsellers' del Gobierno de Francisco Camps Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Orange Market, filial del grupo en esta comunidad, entre los años 2004 y 2009.
En un auto dictado ayer, el magistrado sienta en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción a otros cargos políticos valencianos como el exdiputado autonómico David Serra y al presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, su número dos, el pontevedrés Pablo Crespo, y el responsable del grupo en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.
El magistrado destaca en su resolución que los líderes de la red Gürtel, prevaliéndose de las "especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana", consiguieron la "adjudicación y contratación irregular de numersos contratos públicos", que ascendieron en conjunto a casi dos millones de euros.
De la Mata señala que los integrantes de la trama, que realizaron "toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar la aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública", dieron satisfacción a su "lucrativo propósito" y provocaron un "perjuicio para las arcas del erario público autonómico".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que da diez días de plazo a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa, impone fianzas a los 27 procesados en concepto de la responsabilidad civil que podrían tener que afrontar cuando haya sentencia firme.
Fianzas
La más alta, de 776.667 euros, tendrá que ser afrontada por Correa, Crespo y 'el Bigotes' y otros tres responsables de la red: Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market; Mónica Magariños, apoderada de la compañía; e Isabel Jordan, administradora de otras empresas de la trama. Estos tres últimos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de siete años y once meses de cárcel.
En su escrito de acusación provisional la Fiscalía Anticorrupción pide diez años de cárcel para Correa, Crespo y 'el Bigotes' por los delitos continuados de tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
