La juez que instruye el caso de los ERE de Andalucía, María Núñez Bolaños, ha abierto una pieza separada que incluye como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como a otros cincuenta ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Todos ellos serían, según la juez, los que crearon y pusieron en marcha el denominado "procedimiento específico" desarrollado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre el 2001 y el 2010.
En el auto, la juez acuerda incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico de los ERE por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación" del que serían responsables los 50 altos cargos. La previsión del juzgado es que la tramitación de estas nuevas diligencias puedan estar concluidas el próximo año y que, antes de final del 2016, se pueda celebrar el primer juicio de los ERE, un caso que empezó a instruirse hace casi cinco años.
Los 52 cargos de la Junta, entre ellos nueve exconsejeros, habrían participado de forma activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico, según la juez. Con este procedimiento "se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos", señala la instructora antes de recordar que las transferencias no se podían usar con ese fin.
En esta pieza se incluyen, entre otros, a todos los que fueron aforados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en esta causa: los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. Además, están los exconsejeros Antonio Fernández, Martín Soler y Magdalena Álvarez así como el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero.
La juez destaca que la instrucción de la dirección general de Presupuestos 1/2009, de 15 de junio, debe verse como un instrumento previo que propició el principio del fin de las transferencias de financiación y fue una forma de admitir, por parte de la Consejería de Hacienda, que no se cumplía la normativa y se actuaba con "criterios contrarios a la ley".
En esa instrucción se analizaban "los problemas que habían venido generando el uso de las "transferencias de financiación" por las empresas y otros entes públicos dependientes de la Junta de Andalucía".
Colaboración de la Junta
El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, negó ayer las acusaciones de la juez Mercedes Alaya respecto a que la Junta de Andalucía le puso "todas las trabas del mundo" cuando investigó durante cuatro años el caso de los ERE. "Le hemos dado todo lo que ha pedido y hasta más", enfatizó el consejero.
La juez Alaya, que desde junio trabaja en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, hizo sus críticas al recibir el premio Jurista del Año que concede la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
