La reforma exprés del Tribunal Constitucional planteada por el PP el pasado día 1 de septiembre pasará este miércoles su primer examen en el Pleno del Congreso, donde se votará su toma en consideración con todos los grupos de la oposición en contra.
Se trata de una proposición de ley que el PP presentó con su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, y para la que se pidió tramitación de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales.
Segunda reforma del TC
Aunque este año las Cortes ya han cambiado la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP presentó esta otra reforma separadamente como "la garantía" de que no hay opción a la independencia de Cataluña: "La broma ha terminado", proclamó en su momento García Albiol.
En concreto, la iniciativa del PP detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los 'populares', ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
Con la reforma, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.
Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.
Medidas sin oir a las partes
Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el Tribunal Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.
La reforma será defendida este miércoles desde la tribuna de oradores del hemiciclo por el 'popular' Rafael Hernando, mientras que su homólogo del Grupo Socialista, Antonio Hernando, será el encargado de fijar la posición en contra de su partido.
Tras el debate, el Pleno, con los votos de la mayoría absoluta del PP, aprobará tramitar el texto en lectura única, lo que implica que las enmiendas que presenten los grupos serán debatidas en una única sesión plenaria que tendrá lugar el martes 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas.
Los grupos que presenten enmiendas de totalidad tendrán que acompañarlas de un texto alternativo, algo que, de momento, sólo tiene anunciado Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Todas las que se registren, ya sean de totalidad o parciales, se discutirán en esa única sesión y, tras su rechazo, la proposición de ley se enviará al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de la disolución de las Cortes. Una vez entre en vigor, el PSOE, como ha anunciado, podrá recurrir el fondo de la reforma ante el propio Tribunal Constitucional.
