Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel han rechazado las recusaciones presentadas contra ellos como responsables de juzgar el caso Gürtel y han asegurado no tener intereses directos ni indirectos, prejuicios o inclinaciones personales que les impidan hacerlo.

López y Espejel son dos de los tres jueces designados para juzgar el caso Gürtel, lo que motivó las recusaciones presentadas por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), quienes esgrimen que ambos tienen interés en la causa por afinidad ideológica con el PP.

La Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional la admisión a trámite de dichas recusaciones para examinar el cumplimiento de los cánones de apariencia de imparcialidad.

"No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal", argumenta en su escrito de alegaciones Enrique López, exvocal del CGPJ y exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP.

López -designado ponente de la sentencia- plantea incluso que hubiera preferido "no haber tenido relación alguna con este procedimiento" por los "ríos de tinta y minutos de tertulia" en los que se le ha "descalificado, cuestionado como profesional, mofado e injuriado".

"Hace poco más de un año por la mente de este magistrado no podría pasarse ni por asomo el verse en esta situación, no buscada ni mucho menos deseada", expone López.

El magistrado considera que no concurre ninguna de las causas legales para que se abstenga en el proceso y rechaza las presentadas por las partes, como su participación en cursos organizados por la fundación FAES, el apoyo del PP a su elección en órganos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional o su relación de parentesco con una persona vinculada a un imputado en una causa que dimana de la actual.

López expone que la relación de parentesco con esa persona, vinculada a José Luis Ulibarri, no genera "ningún perjuicio, inclinación o predisposición en este proceso" y rechaza de forma tajante que sus colaboraciones con FAES le lleven a perder la debida imparcialidad.

Detalla que desde 2003 hasta el momento ha percibido de la fundación ligada al PP 11.102,26 euros brutos por organizar seminarios.

En cuanto a sus nombramientos, recuerda que su elección para el CGPJ fue aprobada en el Senado y votada por parlamentarios de varios partidos y su designación para el Constitucional propuesta por el Gobierno, como establece la Constitución.

Nada de ello, sostiene López, le impedirá actuar "con plena imparcialidad" en el proceso. Asegura al respecto que si el PP o Ana Mato -acusados como partícipes a título lucrativo- son condenados le es "absolutamente indiferente" más allá del cumplimiento de su deber de administrar justicia.

Por su parte, Espejel -presidenta del tribunal designado para el juicio- subraya en el suyo que no tiene amistad íntima con ninguna de las partes personadas "ni interés directo o indirecto de ningún tipo" que justifiquen que se aparte del procedimiento.

Las acusaciones aludieron en sus recusaciones a su afinidad con el PP, que se reflejaría en el discurso de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha con motivo de la imposición a la magistrada de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, en el que aludió a ella como "Concha" en varias ocasiones, además de que fue nombrada vocal del CGPJ a instancia del PP.

Espejel afirma que su relación con Cospedal no puede calificarse de "amistad íntima", aunque admite haber tenido una "cordial relación institucional", como la tuvo anteriormente con el socialista José María Barreda o el canario Paulino Rivero.

En cuanto a su relación con el PP, recalca que no tiene ningún interés directo o indirecto en el resultado del procedimiento.

También rechaza que interviniera cuando presidía la Audiencia de Guadalajara a favor de los intereses del PP en la causa abierta por el incendio de Guadalajara de julio de 2005.

Espejel añade que tampoco dictó ninguna resolución para procesar a ningún cargo de la Junta de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.

Ahora, con todos los informes ya presentados, tanto el de la Fiscalía como el de los recusados, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe nombrar un instructor del incidente de recusación