El PP se prepara para un hipotético escenario de declaración de independencia en Cataluña. El Grupo Popular registró ayer una proposición de ley urgente en el Congreso que reforma la ley del Tribunal Constitucional (TC) y que permitiría que esta instancia judicial sancione o, incluso, suspenda de sus funciones al presidente catalán, Artur Mas, si incumple sus resoluciones.

La reforma de la ley orgánica del TC -que el PP tramitará de urgencia- fue presentada por el portavoz del Grupo, Rafael Hernando, y el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, quien, dirigiéndose a los soberanistas, dijo taxativo: "La broma se ha terminado".

El trámite de urgencia permitirá al PP acelerar los plazos de aprobación, ya que evita pedir los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. De esta forma, según Hernando, el Pleno de la Cámara baja votará la toma en consideración de la proposición la semana del 14 de septiembre y el texto legislativo el 29 de septiembre, dos días después del 27-S.

A continuación, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en caso de enmiendas, pueda volver al Congreso a tiempo de ser aprobada definitivamente antes de que concluya la legislatura.

Con la ley reformada, el TC podrá imponer multas de entre 3.000 y 30.000 euros a las autoridades o personas que incumplan sus sentencias y, además, suspenderlas de sus funciones. Asimismo, podrá recurrir al Gobierno para que "adopte las medidas necesarias" para "asegurar el cumplimiento de las resoluciones". Según Hernando, en los últimos años se han visto situaciones de "desacato" e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto "se tiene que acabar".

Pese a la lectura electoralista del anuncio que hicieron todos los partidos, Hernando dijo que la iniciativa no es ni "oportunista ni coyuntural", sino que tiene "verdadera vocación de futuro" para "suplir algunas lagunas".

Las asociaciones de jueces y fiscales coincidieron en que es preciso reformar el TC para establecer "claramente" su fuerza ejecutiva y que sus resoluciones deben ser cumplidas. Pero mientras unas creen que la urgencia está justificada, otras opinan que se trata de una "improvisación" que transmite la sensación de que el Estado no tiene medios para frenar la deriva secesionista.

Las críticas a la propuesta de reforma llovieron desde todos los puntos del arco político. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al PP de "instrumentalizar con fines electorales" las instituciones. A esta crítica se sumó UPyD, que dudó de la constitucionalidad de la propuesta. Y lo mismo Miquel Iceta (PSC), que además la tachó de "sectaria", así como Pablo Iglesias que la consideró una "amenaza" más.

El Gobierno vasco recordó al Ejecutivo que ha incumplido sentencias del TC sobre al reparto competencial- la misma crítica que le hizo Unió-. También el Gobierno de Mas criticó su carácter electoralista y C's opinó que el Gobierno "no tiene credibilidad".