Las comunidades consideraron ayer una "amenaza" la advertencia del Ministerio de Sanidad de recibir multas de la UE por cómo restituyen la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y la mayoría anunciaron que seguirán adelante en la devolución de este derecho. Unas acusaciones que el PP ha negado a través del secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. "En modo alguno (el Gobierno) ha amenazado a las comunidades por la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales", señaló.

Hizo hincapié en que el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas, porque -dijo- una tarjeta sanitaria "genera una serie de derechos en los países de la UE", y si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían "sentirse discriminados".

Desde el PP, se pide al PSOE que no haga demagogia, después de que su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, calificará de inaceptables las "amenazas" del Gobierno.

La Comunidad de Madrid, que preside la popular Cristina Cifuentes, ha sido la última en anunciar que dará asistencia a los sin papeles. Para ello les hará un documento para que puedan recibir Atención Primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la autonomía. Algo similar ya lo hace Galicia, que desde agosto de 2012 atiende a "sin papeles" con el requisito de estar empadronados seis meses.

Cifuentes hizo hincapié en que el Ejecutivo tiene "la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga". "No hablamos de inmigrantes, hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria", subrayó.

Sin embargo, la presidenta regional solicitó que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles sea uniforme en todas las comunidades autónomas, por lo que pidió que se alcance una decisión al respecto en el Consejo Interterritorial.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid considera que este documento "es un parche". En opinión del presidente de la entidad, Marciano Sánchez, "este documento no va a cubrir, por ejemplo, la prestación sanitaria". Sánchez dijo entender que Cifuentes "no quiera desautorizar al Ministerio de Sanidad" pero que "ese es su problema" y "no hay que dar tantas vueltas ni disimular tanto".