Jordi Turull, portavoz de Convergencia, señaló ayer que las elecciones catalanas del 27 de septiembre se convocarán por un decreto ordinario que el Gobierno no podrá recurrir, y que el carácter plebiscitario de los comicios se lo dan las fuerzas políticas. El Gobierno se mantiene alerta para actuar a la espera de que Artur Mas dé ese paso el próximo 3 de agosto. La posibilidad de suspender la autonomía catalana está sobre la mesa y en el Tribunal Constitucional se han aplazado las vacaciones.

"No veo la impugnación por ninguna parte. Cuando el adversario se equivoca, no lo distraigas", dijo Turull, quien añadió que si el Gobierno actúa "no nos quedaremos de brazos cruzados. Evidentemente habrá una respuesta. A su juicio, "la autonomía nos la están suspendiendo cada viernes y el señor Montoro con cada decisión que toma. Hay quien ofrece el discurso del miedo y la amenaza". Turull calificó las elecciones del 27-S de plebiscito: "No son ordinarias, no se ha avanzado porque sí", concluyó. Mas asistirá hoy al acto de presentación del nuevo modelo de administración tributaria de Cataluña que el dirigente soberanista pretende que sea una realidad tras el 27-S.

Moncloa ve improbable que Mas opte por un decreto de corte plebiscitario. En ese caso, sería recurrido de inmediato y el Tribunal Constitucional procedería a suspender la convocatoria electoral. Todo está previsto para actuar con la máxima celeridad. El Gobierno no está dispuesto a tragar otro gol como el simulacro de referéndum celebrado el 9 de noviembre.

Cualquier paso en falso que supere los límites legales será cortado de raíz. El Gobierno cuenta con informes jurídicos que analizan el problema y sus consecuencias, y está "absolutamente preparado" para hacer frente al problema y garantizar que no habrá independencia.

En el Ejecutivo se ha abordado la posibilidad de aplicar el artículo 155 si tras las elecciones los secesionistas llevan a cabo la declaración unilateral de independencia -que sería recurrida y anulada- y osan aplicar sus planes de ruptura.

El vicesecretario de política autonómica del PP, Javier Arenas, aseguró ayer que "el Estado no se toma vacaciones y los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen día a día que velar por que se cumplan las leyes y la Constitución". "Al margen no se puede plantear nada, dentro muchas cosas", añadió para defender la unidad de España frente al "separatismo, que solo trae ruina y pobreza a la sociedad catalana". El expresidente Zapatero afirmó, por su parte, en una entrevista que el derecho a decidir es "un monumental lío que divide a la gente".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que "es malo que la gente vaya a la cárcel por hacer política", y por ello rechaza esta posibilidad cuando Mas pone sobre la mesa la opción de una declaración unilateral de independencia. Considera además una propuesta a discutir el blindaje de competencia para Cataluña y su reconocimiento como nació.