La excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez ha sido imputada por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por el juzgado número 6 de la localidac madrileña de Arganda del Rey tras la denuncia presentada en enero por el Partido P.opular. La que fuera novia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, deberá prestar declaración el próximo día 23 sobre los contratos adjudicados a su hermano por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid cuando ocupaba esta el cargo de concejala. La referida imputación llega casi cuatro meses después de haber entregado su acta de diputada autonómica y en pleno proceso de consolidación de su candidatura por Convocatoria por Madrid.

Entre los años 2002 y 2008, el consistorio madrileño otorgó contratos por valor de 1,2 millones de euros a la cooperativa Aupa de la que era administrador y socio Héctor Sánchez, el hermano de Tania. La excandidata de Izquierda Unida y su padre, también edil, votaron a favor, al igual que el actual alcalde en funciones, Pedro del Cura, según figura en el auto judicial conocido ayer.

La querella fue presentada por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Madrid, que se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez al dejar su acta como diputada en la Asamblea de Madrid coincidiendo con su salida de Izquieda Unida.

La denuncia también se dirigía contra su padre y actual concejal de Deportes de Rivas, Raúl Sánchez, y el alcalde, Pedro del Cura. Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado" para "beneficiar a amigos y familiares".

Según recoge la querella del PP, la "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único Héctor Sánchez.

Entre los querellados se encuentran el propio Héctor y las dos socias fundadoras de Áúpa - Yolanda Pérez y María Abril Barceló- que abandonaron la cooperativa para convertirse en funcionarias del ayuntamiento.

Tanto Tania Sánchez como su padre negaron saber que su hermano e hijo respectivamente estaba al frente de la cooperativa a la que iban los contratos. En cambio, Del Cura admitió que conocía esos vínculos familiares. Además padre e hija firmaron los contratos.