La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en un informe en 1.298 millones las ayudas para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía entre 2002 y 2014 sin que se hayan justificado esas cantidades.
El informe fue entregado en el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, investiga la causa por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones.
En julio de 2014, y tras las declaraciones del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, Alaya cifró en 950 millones el dinero pendiente de justificar, cifra que ahora aumenta la Guardia Civil tras analizar todos los expedientes que les ha remitido la Junta hasta el 25 de julio de 2014.
Las exoneraciones o exceptuaciones individuales permiten a las entidades concurrir a una nueva convocatoria de ayudas o abonar parte de la subvención ya concedida sin tener justificados los expedientes previos. El informe policial destaca que la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar se acentúa entre 2007 y 2012 y disminuye de forma considerable a partir de entonces.
De los 1.298 millones pendientes de justificar, la cota máxima se alcanzó en 2010 con 347 millones y en 2011 con 339 millones. En 2007, las cantidades pendientes de justificar fueron 110 millones, en 2008 subió a 203 millones y al año siguiente bajó a 121 millones, precisa el informe de la Guardia Civil.
Hay un apartado de cantidades que no se asocian a ningún órgano gestor, incluidas en el apartado "sin consignar", que suma 424 millones de euros, señala la Guardia Civil, que para elaborar su trabajo ha utilizado cinco resoluciones de exceptuación desde 2009, una de ellas relativa a consorcios para la formación.
La Guardia Civil apunta que las "resoluciones de exceptuación" se dictaron por parte del político que ocupaba la Consejería de Empleo, que a su vez era el responsable del Servicio Andaluz de Empleo.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la juez, que criticó el hecho de que no se reclamara su reintegro hasta pasar las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación.
